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Gerardo Hernández Nordelo 2 cadenas
perpetuas más 15 años
Ramón Labañino Salazar 1
cadena perpetua más 18 años
Antonio Guerrero Rodríguez 1
cadena perpetua más 10 años
Fernando González Llort 19 años
René González Sehwerert 15 años
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La apelación inicial tomó más de 27 meses para finalizar
con la decisión de un panel de tres jueces de la corte
de apelaciones que revocó todas las condenas al
considerar que estos cinco hombres no tuvieron un juicio
justo en Miami. En una acción inusual, el Gobierno
solicitó a los doce jueces de la Corte de Apelaciones
del Onceno Circuito revisar la decisión del panel en un
procedimiento llamado en banc. Exactamente un
año después, con una fuerte opinión discrepante por
parte de dos de los jueces, el pleno de la Corte revocó
por mayoría la decisión de 93 páginas de los tres jueces
originales, y rechazó que un ambiente de violencia e
intimidación dominaba Miami. En el último cuarto de
siglo esa Corte en pleno nunca decidió a favor de una
persona acusada de un crimen federal.
Mientras tanto, el 27 de mayo de 2005, el Grupo de
Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones
Arbitrarias, después de estudiar los argumentos
presentados tanto por la familia de los Cinco como por
el gobierno de Estados Unidos, determinó que su
privación de libertad era arbitraria y exhortó al
gobierno de Estados Unidos a tomar las medidas
necesarias para rectificar esa arbitrariedad.
El Grupo de Trabajo manifestó que, basado en los hechos
y las circunstancias bajo las cuales se llevó a cabo el
juicio, la naturaleza de los cargos y la severidad de
las sentencias, la privación de libertad de los Cinco
viola el Artículo 14 de la Convención Internacional
sobre Libertades Civiles y Políticas, de la cual Estados
Unidos es signatario.
El 20 de agosto de 2007 tuvo lugar en la Corte del 11no
Circuito de Apelaciones de Atlanta una Audiencia oral
convocada por el panel de tres jueces que tiene a su
cargo la apelación del caso, en la cual, al igual que en
las dos anteriores celebradas en Marzo de 2004 y Febrero
de 2006, ambas partes –Gobierno y Defensa- expusieron
sus argumentos y respondieron a las preguntas de los
jueces.
Esta audiencia constituyó un paso más en el largo
proceso de apelación de estos cinco hombres desde que
fueron sentenciados en el año 2001. En esta ocasión una
vez más el Gobierno de Estados Unidos fue incapaz de
refutar los argumentos de la Defensa y sustentar sus
acusaciones.
La Defensa por su parte demostró fehacientemente la
conducta impropia del Gobierno durante todo el proceso
legal contra los cinco como una violación flagrante que
incide en todo el caso y que tiene que ver básicamente
con la forma en que la Fiscalía inventó crímenes que no
fueron probados en el juicio, promovió un ambiente
hostil y manipuló la evidencia y al jurado.
La falta de pruebas para sustentar las dos principales
acusaciones – conspiración para cometer espionaje y
conspiración para cometer asesinato en primer grado- y
la imposición de condenas de cadenas perpetuas,
completamente irracionales e injustificables, ha sido
otro argumento clave de la Defensa para explicar la
arbitrariedad del proceso. El propio Gobierno reconoció
durante el juicio que no podía presentar un solo
documento secreto para probar el espionaje y que se
enfrentaba a “un obstáculo insuperable” para probar el
cargo de asesinato.
A todo lo largo del amañado proceso el Gobierno admitió
que su verdadero propósito era proteger a los grupos
terroristas anti-cubanos que operan con total impunidad
desde Miami y castigar a quienes luchan contra ellos.
El 4 de junio de 2008 el Panel de 3 jueces emitió su
opinión en la cual
ratificó los veredictos de culpabilidad de los Cinco;
ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y René
González; anuló las sentencias de Antonio Guerrero,
Fernando González y Ramón Labañino, y devolvió a la
Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres
últimos para ser sentenciados nuevamente en audiencia
que debe convocar a tales efectos.
El próximo 12 de septiembre estos cinco hombres
cumplirán su décimo año en prisión acusados de crímenes
que no cometieron, sólo por el hecho de intentar
preservar a Cuba de acciones terroristas. Cuba, al
igual que Estados Unidos y que cualquier otro país del
mundo, está en su legítimo derecho de defenderse de ese
flagelo que tantas víctimas ya ha ocasionado.
El caso contra Gerardo Hernández, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero, Fernando González y René González se
encuentra aún en apelación ante el Onceno Circuito de la
Corte de Apelaciones de Atlanta.
VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS
Entre el momento de la detención y el juicio, los Cinco
siguieron detenidos sin derecho a fianza durante 33
meses, además de permanecer también durante 17 meses en
celdas de confinamiento solitario. Se les impidió todo
contacto con sus familiares e hijos pequeños, y ni
siquiera podían comunicarse entre sí.
En agosto de 2001, antes de las audiencias condenatorias
del juicio, fueron enviados nuevamente a “el hueco”
durante 48 días.
Justo cuando sus
abogados preparaban los documentos para
entregar a la Corte
y sus casos estaban a punto de estar listos para la
apelación en marzo de 2003, de manera sumaria los Cinco
fueron enviados una vez más a celdas de castigo en
aislamiento “por órdenes de Washington”, según dijeron
los administradores de las penitenciarías locales,
quienes se quedaron perplejos con esta directiva porque
los Cinco se habían comportado de un modo ejemplar.
En esos momentos, el Departamento de Justicia de los
Estados Unidos decidió mantenerlos en confinamiento
solitario alegando motivos de “seguridad nacional”. Las
autoridades estadounidenses les impusieron las llamadas
“Medidas Administrativas Especiales” (S.A.M., por sus
siglas en inglés), previstas en virtud de los
reglamentos federales de 1996 cuando existe la sospecha
de que las comunicaciones de los reclusos de prisiones
federales podrían poner en peligro la seguridad nacional
o conducir a actos de violencia o terrorismo.
De nuevo fueron enviados a “el hueco”, impidiendo así
que tuvieran contacto con el mundo. Sus comunicaciones
con los abogados fueron canceladas. Se les prohibieron
las visitas, incluidas las consulares; no se les
permitió recibir correspondencia, ni utilizar el
teléfono, y ni tan siquiera comunicarse con sus
familiares. Esta medida fue adoptada por el Gobierno de
los Estados Unidos en una etapa crucial del proceso
legal, cuando los contactos entre el abogado y el
cliente son imprescindibles y los abogados centraban su
atención en la preparación de las declaraciones para las
apelaciones.
Las
“Medidas Administrativas Especiales” fueron enmendadas
en virtud de la Ley Patriótica de 2001, que extiende el
período de tiempo en que se pueden imponer esas medidas
desde 120 días hasta un año, y modifica las normas para
aprobar las prórrogas. Como resultado de dicha enmienda,
las “Medidas Administrativas Especiales” podrían
aplicarse de nuevo a los Cinco en cualquier momento en
el futuro.
Los Cinco han permanecido encarcelados durante más de 9
años. Durante ese tiempo, a Adriana, la esposa de
Gerardo Hernández, no se le ha otorgado la visa para
poder visitar a su esposo. Tampoco se ha permitido a
Olga, la esposa de René González, visitarlo.
Con respecto al resto de los familiares, el Gobierno de
los Estados Unidos ha seguido demorando innecesariamente
el otorgamiento de los permisos de entrada. Eso
significa que el promedio de visas otorgadas por miembro
de la familia (incluidos madres, padres, esposas e
hijos) apenas es una al año por miembro de la familia.
Por consiguiente, en la mayoría de los casos, los
familiares han podido visitarlos sólo una vez al año
como promedio, aun cuando, de conformidad con los
acuerdos de visitas de las prisiones respectivas, las
visitas podrían haberse realizado con más frecuencia de
haberse otorgado la visa.
Amnistía Internacional ha condenado esos actos como
violaciones del derecho internacional. En carta dirigida
al Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Amnistía Internacional declaró: “Esa denegación de las
visitas familiares a prisioneros convictos representa,
en cualquier caso, una privación sustancial. Esto
constituye una preocupación aún más urgente en estos
casos dadas las graves cuestiones planteadas acerca de
la imparcialidad de las condenas” y añadió: “esta medida
es innecesariamente punitiva y violatoria de las normas
para el trato humano de los prisioneros y de la
obligación de los Estados de proteger la vida familiar”.
LA RECIENTE DECISIÓN DE ATLANTA
El 4 de junio de 2008 el panel de 3 Jueces encargado por el Onceno
Circuito de Apelaciones de Atlanta de examinar el caso
de los 5 cubanos e integrado por los jueces Stanley
Birch, Phillis Kravitch y William Pryor, emitió su
opinión después que el 9 de agosto de 2006 el Pleno de
esa Corte dejara sin efecto su opinión anterior del 9 de
agosto de 2005 en que anuló las condenas de los 5 y
ordenó un nuevo juicio por considerar que no tuvieron un
juicio justo. En esa ocasión el Pleno instruyó a los
jueces a examinar el resto de los argumentos de la
apelación.
En esta opinión el Panel ratificó los veredictos de culpabilidad de los
Cinco; ratificó las sentencias de Gerardo Hernández y
René González; anuló las sentencias de Antonio Guerrero,
Fernando González y Ramón Labañino, y devolvió a la
Corte de Distrito de Miami los casos de estos tres
últimos para ser sentenciados nuevamente en audiencia
que debe convocar a tales efectos.
De forma unánime el Panel rechazó cada uno de los argumentos de
apelación de la defensa, alegando que los mismos
“carecen de mérito”, excepto en parte de los argumentos
relativos a las sentencias de Ramón, Antonio y Fernando.
Sólo en el cargo de conspiración para cometer asesinato
impuesto a Gerardo, cargo que la propia Fiscalía
reconoció en el juicio y ante la propia corte de
apelaciones que no podía probar, la decisión fue 2-1,
con una opinión contraria de 16 páginas de la jueza
Kravitch, quien afirmó que el Gobierno no presentó
ninguna evidencia para probar que Gerardo era culpable
de dicho Cargo.
La opinión, de 99 páginas, fue redactada por el Juez
Pryor, designado por la Corte para formar parte del
panel en el 2007, quien
con un lenguaje politizado ajeno a un texto legal,
favorece explícitamente la posición del Gobierno e
incluso cambia hechos mencionados por ese mismo panel en
su decisión anterior a favor nuestro en el tema de sede
y manipula hechos que forman parte del expediente del
caso.
Pryor, cuya nominación como juez federal fue altamente
controversial por sus posiciones de ultraderecha y
generó denuncias en importantes medios de prensa de
Estados Unidos y fuertes críticas dentro del Senado, fue
nombrado por Bush en abril del 2003 y rechazado en esa
ocasión por el Senado. Posteriormente, en junio del
2005, logró su confirmación con el voto en contra de 45
senadores mediante un arreglo negociado por el hoy
candidato presidencial por el Partido Republicano John
McCain.
En entrevista concedida a la T.V. cubana el 5 de junio
de 2008, un día después de la opinión del Panel de 3
jueces, Leonard Weinglass, abogado de la Defensa,
afirmó:
“Cuando los Cinco fueron arrestados en 1998, el
Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia de
Estados Unidos hicieron una declaración diciendo que la
seguridad nacional de ese país no había sido dañada.
Ahora, después de 10 años en prisión, tenemos una
afirmación por un Panel de 3 jueces del Onceno Circuito
de Apelaciones de Atlanta de que no hubo espionaje y
que ninguna información secreta fue obtenida ni
trasmitida por los cinco cubanos. Eso lo encontró
así el Panel, y aun así 3 de ellos regresan a Miami para
una re-sentencia y no estamos seguros de cuál sería la
nueva sentencia.
El caso de Gerardo Hernández (dos cadenas perpetuas más
15 años) era el caso más fácil, de acuerdo con todos los
abogados, y pudo haber sido retirado. Sin embargo,
aunque su caso es fácil desde el punto de vista legal
dada la falta de pruebas para el cargo que se le imputa
de conspiración para cometer asesinato, desde el punto
de vista político es el caso más difícil, debido al
clima político existente en Miami. La Corte no tuvo el
coraje de dejar a un lado dicha condena incluso a pesar
de que el propio Gobierno reconoció por escrito en el
juicio que no la podía probar.
Cuando usted lee toda la opinión que dieron, en
particular las primeras 40 páginas, para nosotros, como
abogados, está bien claro que hay prejuicio ideológico
en el dictamen emitido.
En esta decisión de 99 páginas, el Panel de 3 jueces
encuentra que la jueza de la Corte de Miami que los
sentenció, Joan Lenard, cometió errores al sentenciar a
Fernando; cometió errores al sentenciar a Antonio;
cometió errores al sentenciar a Ramón; cometió errores
en las instrucciones que le dio al jurado sobre Gerardo,
y, de acuerdo con dos de nuestros tres jueces, cometió
errores al negar el cambio de sede.
A pesar de estos seis o siete errores serios, la Corte
devuelve el caso a la jueza Lenard.
Lamentablemente, este caso es una de esas situaciones
donde creo que el gobierno de Estados Unidos está
utilizando su sistema de justicia para lograr un
objetivo de política exterior. Es por eso la
diferencia con el caso de Posada Carriles, y entre el
caso de Posada Carriles y este caso.
Cuando esto sucede históricamente y se revela esta
existencia de prejuicio político, los norteamericanos
sienten un gran sentimiento de vergüenza en las leyes y
en la confianza del sistema de justicia, en los
tribunales de justicia.”
FRAGMENTOS DE LA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR LOS
ABOGADOS DEL EQUIPO DE DEFENSA RICHARD KLUGH Y PAUL
MCKENNA.
Junio 5, 2008
Klugh:
La corte—dos años
después de que la corte en banc, en una opinión
dividida, ratificó las decisiones de la Corte de Miami
en cuanto a la sede de Miami para el juicio—ha emitido
una nueva opinión.
En esta decisión la
Corte ha anulado las sentencias de tres de los acusados,
dos de ellos, Antonio Guerrero y Ramón Labañino,
sentenciados a cadena perpetua, y un tercer acusado,
Fernando González, quien tiene una sentencia de 19 años.
Sin embargo, la
Corte ratificó el veredicto de culpabilidad de Gerardo
Hernández con respecto al cargo de conspiración para
cometer asesinato, por el derribo de las avionetas de
Hermanos al Rescate, en el que la Corte tuvo ayer una
opinión completamente dividida.
La jueza Phillis
Kravitch, en una extensa opinión de la minoría, concluyó
que, por varias razones, no existía suficiente
evidencia, tanto desde el punto de vista de los hechos,
como legalmente, para sustentar una condena por
conspiración para cometer asesinato.
………
[E]stamos
considerando solicitar una revisión de estos aspectos
por parte del 11no. Circuito completo y continuamos
además la preparación para la posibilidad de encontrar
un apoyo en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ciertamente, en una de las tres opiniones de la decisión
de ayer, el juez Stanley Birch, que presidió el Panel,
reiteró su convicción, no solo en cuanto a que la
condena referente al derribo del avión estaba en duda,
sino que los temas relativos al proceso del juicio eran
tan sustanciales y tan importantes que la Corte Suprema
de los Estados Unidos debía oírlos.
McKenna:
Estaría mintiendo si no digo que estoy muy
decepcionado por la opinión de la Corte de Apelaciones
que leí ayer, pero también estaría mintiendo si no digo
que todavía tengo muchas esperanzas, y que todavía tengo
muchas expectativas en este caso en cuanto a que podemos
obtener mejores resultados. La opinión de la minoría
escrita por la jueza Kravitch fue, así yo lo pienso, una
opinión de desacuerdo muy fuerte.
Ella salió y, como
dijo Richard, declaró que no creía que hubo suficiente
evidencia para sustentar la condena por conspiración
para cometer asesinato, y en la forma en que fue escrita
su opinión, fue casi como si ella siguió toda la
evidencia que fue presentada por la defensa, todas las
incursiones hechas por el Sr. Basulto a Cuba, todos los
eventos que llevaron al derribo de los aviones. Y ella
lo plantea en un contexto completo, lo cual no fue hecho
en la opinión mayoritaria.
Y me sentí
agradecido por esto y también por la clarísima opinión
de la minoría de la jueza Kravitch. Yo pienso que hay
una cuestión legal en el cargo de conspiración para
cometer asesinato que es muy compleja, y pudiera muy
bien requerir una revisión en banc.
……….
Ahora la clave para
esta opinión acerca de la conspiración para cometer
asesinato fue el juez Birch. Y el juez Birch, como
mencionó Richard Klugh, declaró que este era un asunto
muy cerrado. Y yo tengo que decirles que cuando usted
sabe que usted está tan cerca, y después usted no llega
allí, eso es muy decepcionante al cabo de siete años, y
de diez años realmente, de trabajar en este caso
representando a Gerardo. Pero yo les diré que la lucha
no ha llegado a su final. La lucha será a partir de
ahora y esto puede prolongarse varios años para llegar.
El juez Birch, en su opinión, sugirió que la Corte
Suprema de los Estados Unidos revise este caso, porque
el juez Birch, aunque apoyó la condena, declaró que él
todavía cree que el juicio que estos cinco hombres
tuvieron fue fallido, y que requiere una reversión
basada en el hecho de que nosotros tuvimos una sede
mediocre para este caso, que fue en Miami. Podíamos
haber tenido una sede mejor solamente trasladándonos a
un lugar a una hora, o a 45 minutos fuera de Miami.
Entonces, yo estoy decepcionado, pero también estoy
listo para continuar luchando. Nadie va a abandonar esta
lucha. Ahora mismo lo que tenemos es una especie de
MANTRA, que es "no abandonamos". Y nosotros no nos
disponemos a abandonar. Gracias.
……
McKenna:
[Respecto a] los casos de tres de los acusados [que]
van a ser llevados a un proceso legal nuevamente, esto
significa volver a la Corte del Distrito Sur de Miami, y
van a volver a ser sentenciados.
El Panel de
Apelaciones tomó la decisión de que la Jueza Lenard los
sentenció usando un rango muy alto de la guía de
sentencias, y ella tiene que volver a sentenciarlos
porque ella impuso cadena perpetua a dos de los
acusados, y a un tercer acusado, Fernando González, que
también tiene que ser re-sentenciado, porque se le
aplicó un incremento de la sentencia que no está
justificado. Entonces tres de los acusados van a volver
atrás.
Dos de los
acusados, René González y mi cliente, Gerardo Hernández,
ahora tienen que sentarse y decidir si vamos a buscar
una revisión de la opinión por el pleno de la Corte—en
banc—que fue lo que el gobierno nos hizo después de que
nosotros salimos victoriosos en la primera vuelta.
Tenemos que evaluar eso, y yo pienso que leí algunas
cosas ayer que me indicaron que podríamos hacerlo. Y si
este no fuera a ser el caso, o si no tenemos éxito en la
apelación
en banc, entonces
tomaríamos una apelación a la Corte Suprema de los EEUU,
buscaríamos una petición de
certiorari
OTROS CASOS JUZGADOS EN LOS ULTIMOS AÑOS POR CORTES
NORTEAMERICANAS. COMPÁRESE LA DIFERENCIA CON EL TRATO A
NUESTROS CINCO HÉROES
Khaled Abdel-Latif Dumeisi,
ciudadano jordano residente en Chicago,
fue detenido en esa ciudad en enero de 2004, acusado de
ser un agente del gobierno iraquí de Sadam Hussein y no
haberse registrado como tal ante las autoridades
norteamericanas.
La acusación se basó en que Dumeisi suministraba
información a los servicios de inteligencia de Bagdad
sobre las actividades de los grupos de exilados iraquíes
que conspiraban contra el gobierno de su país.
El fiscal del caso, Patrick J. Fitzgerald, aclaró que
Dumeisi no estaba acusado de espionaje a pesar de
suministrar información a un gobierno hostil.
En abril de 2004, en medio de la guerra desatada por
EE.UU. en Iraq, Dumeisi fue sentenciado por los cargos
de conspiración y agente extranjero no registrado a 3
años y 10 meses en prisión.
A René González, uno de los 5, por los mismos cargos
lo sentenciaron a 15 años.
Leandro Aragoncillo,
ciudadano norteamericano de origen filipino, fue
declarado culpable por una Corte Federal de New Jersey
en Julio de 2007 de obtener ilegalmente y trasmitir
información secreta de defensa nacional de los Estados
Unidos.
Alrededor de 800 documentos clasificados fueron
trasladados por Aragoncillo, desde su propia oficina en
la Casa Blanca donde trabajó como asistente militar para
los Vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney, antes de
pasar a ser analista de inteligencia del Buró Federal de
Investigaciones.
Aragoncillo, quien admitió su culpabilidad, fue
sentenciado a 10 años en prisión.
Michael Ray Aquino,
ciudadano filipino residente en los Estados Unidos, fue
arrestado junto a Aragoncillo en el mismo caso de
espionaje y acusado de conspirar para cometer espionaje.
Aquino, quien admitió poseer documentos secretos con
información sobre fuentes de inteligencia de Estados
Unidos y sobre amenazas de actos terroristas contra
personal militar estadounidense en Filipinas, fue
sentenciado a 6 años y 4 meses en prisión.
Gregg W. Bergersen,
analista del Departamento de Defensa, fue declarado
culpable en Julio de 2008 por una Corte Federal de
Virginia de conspirar para trasladar información de
defensa nacional a personas no autorizadas.
Bergersen, quien admitió ante la Corte haber trasladado
información sobre ventas militares de Estados Unidos a
Taiwán a cambio de dinero y regalos, fue sentenciado a
4 años y 9 meses en prisión.
Lawrence Anthony Franklyn,
Coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos, fue encausado en mayo de 2005 por una Corte
Federal de Virginia por los cargos de trasladar
información clasificada y de defensa nacional a un
representante de un gobierno extranjero sin
autorización.
El Coronel desarrolló su actividad de espionaje mientras
trabajaba en el Departamento de Defensa donde llegó a
ocupar puestos en la Oficina de Asuntos de Seguridad
Internacional y del propio Secretario de Defensa y donde
gozaba de la más alta aprobación para tener acceso a
información secreta sensible.
Franklyn, quien admitió haber entregado información
militar secreta a un diplomático israelí y a dos
cabilderos de igual nacionalidad, fue sentenciado a
12 años y 7 meses en prisión más una multa de 10.000
dólares.
El Juez, T.S. Ellis III, que le impuso la sentencia
utilizando el nivel más bajo de la guía federal de
sentencias, alegó que consideraba que Franklyn estuvo
motivado por el deseo de ayudar a los Estados Unidos y
no de dañarlo.
José Padilla, ciudadano norteamericano que fuera arrestado en
Mayo de 2002 y acusado de conspiración para cometer
actos terroristas contra Estados Unidos y de
conspiración para cometer asesinato, secuestro y
mutilación, fue hallado culpable de todos los cargos en
Agosto de 2007.
Fue sentenciado por la misma Corte Federal del Distrito
Sur de la Florida a 17 años y 4 meses en prisión.
John Lindh Walker, ciudadano norteamericano
capturado en Afganistán al inicio de la guerra de
Estados Unidos contra ese país, fue condenado por una
Corte Federal de Virginia a 20 años de prisión por estar
luchando junto al ejército talibán contra las tropas
estadounidenses y ser responsable de la muerte de varios
soldados y un oficial de la CIA.
Después de imponer dicha sentencia como resultado de una
negociación de los cargos, la Corte añadió una cláusula
de que Walter cumpliera su condena en una cárcel de
California, donde vivía su familia para facilitarle las
visitas familiares.
Zacarías Moussaoui,
de origen marroquí, nacido en Francia, y residente en el
Reino Unido, fue arrestado, encausado y condenado en
Estados Unidos por estar implicado directamente en los
atentados del 11 de septiembre de 2001 y estar vinculado
a Al Qaeda.
Moussaoui cumple su condena en una unidad de super-máxima
seguridad de la prisión de Florence, Colorado. Su
madre, residente en Francia, solicitó una visa al
Gobierno de Estados Unidos para entrar a territorio
estadounidense y visitarlo en prisión y éste le concedió
una visa sin limitaciones de entradas por razones
humanitarias.
DIFICULTADES EN LAS VISITAS FAMILIARES A LOS CINCO
CUBANOS PRESOS EN ESTADOS UNIDOS.
Durante estos años de injusta prisión la dilación en el
otorgamiento de las visas a los familiares de los Cinco
cubanos presos en territorio de Estados Unidos desde
Septiembre 12, 1998, ha originado que en la mayoría de
los casos, los mismos hayan podido visitarlos sólo una
vez al año como promedio, aun cuando, de conformidad con
las regulaciones de las prisiones respectivas, podrían
haberlos visitado mensualmente.
A partir del año 2006, con la introducción de
un nuevo procedimiento para las solicitudes de visitas
temporales a territorio de ese país,
esta situación se ha
agudizado, provocando que los períodos de espera para el
otorgamiento de una visa y por consiguiente, los
períodos en que han permanecido los 5 sin recibir
visitas familiares se hayan extendido
significativamente.
A continuación, algunos datos que ejemplifican lo
anterior.
Gerardo Hernández Nordelo (condenado a 2 cadenas
perpetuas más 15 años):
Desde su arresto, el 12 de septiembre de 1998, no ha
recibido la visita de su esposa, Adriana Pérez.
-
En 8 ocasiones Adriana Pérez ha solicitado visa para
visitarlo y en 8 ocasiones el gobierno de Estados Unidos
se la ha negado.
-
En el año 2002,
le fue otorgada una visa y al arribar al aeropuerto de
Houston, Texas el 25 de julio del 2002, las autoridades
la mantuvieron detenida arbitrariamente durante 11 horas,
le negaron el acceso a los funcionarios consulares
cubanos y le revocaron su visa, impidiéndole así su
entrada a territorio norteamericano.
Todo esto ha implicado una tortura psicológica para
Gerardo Hernández, que por estar sancionado a permanecer
en la cárcel de por vida, no tendría la oportunidad de
volver a ver a su esposa.
-
Su hermana, Isabel Hernández Nordelo, presentó su
solicitud de visado el 2/11/06 y tuvo que esperar hasta
el 21/11/07 para que le fuera concedida lo que equivale
a una espera de 12 meses.
René González Sehwerert (condenado a 15 años de
prisión):
El 16 de agosto del año 2000 recibió por última vez la
visita de su esposa, Olga Salanueva.
Desde el 2002 hasta la fecha el gobierno de Estados
Unidos ha negado a su esposa, Olga Salanueva, la
autorización de entrada al territorio estadounidense
para efectuar las visitas a la prisión. En 9 ocasiones
ha pedido visa para visitarlo y en 9 ocasiones el
gobierno de Estados Unidos se la ha negado. En la última
negativa – 16 de julio de 2008 – le especificaron por
escrito que “su inelegibilidad es de carácter
permanente”.
-
Su madre, Irma Sehwerert, tuvo que esperar 17 meses
(desde el 12/9/06 en que hizo la solicitud hasta el
5/2/08) para obtener su último visado.
-
Su padre, Cándido René González, presentó su solicitud
de visa el 16/4/07 y le fue concedida el 5/2/08, 10
meses después de haberla solicitado.
Ramón Labañino Salazar (condenado a cadena perpetua más
18 años):
Hace exactamente dos años, desde junio de 2006
hasta la fecha, no ha recibido visitas familiares por la
dilación en el otorgamiento de las visas.
-
Su esposa, Elizabeth Palmeiro, y sus dos hijas Laura
Labañino y Lisbeth Labañino, esperan por el
otorgamiento de la visa desde septiembre de 2006, en
que presentaron sus solicitudes de visa a la Sección de
Intereses de EE.UU. en la Habana (SINA), sin que se las
hayan concedido.
-
La hija mayor de Ramón, Ailí Labañino, presentó su
solicitud de visa el 2/11/06 y le fue concedida 12
meses después, el 6/11/07 pero al llegar a la
prisión se decretó el cierre total de la misma por
alteraciones del orden, en las cuales Ramón Labañino no
tuvo participación. Por esta razón transcurrieron los 29
días de estancia permitida sin que pudiera realizar una
sola visita.
Fernando González Llort (condenado a 19 años de
prisión):
Ha permanecido hasta un año sin poder recibir visitas
familiares de su madre, Magali Llort y su esposa Rosa
Aurora Freijanes, por la dilación en la concesión de las
visas.
-
Desde su traslado a la prisión de Oxford en Wisconsin,
hasta el 2007, su madre y su esposa, sus únicas
familiares visitantes, no fueron reconocidas como tales
por las autoridades de la prisión y por tanto no
figuraron en el listado de visitantes, por lo que,
además del inconveniente de las visas, sus visitas a la
prisión dependían de una autorización especial de la
prisión.
-
Su madre, Magali Llort, espera desde el 19 de marzo de
2007 por el otorgamiento del visado.
-
Su esposa, Rosa Aurora Freijanes, presentó su solicitud
de visa el 15/12/06 y tuvo que esperar por 11 meses,
hasta Noviembre de 2007, fecha en que le fue concedida.
Antonio Guerrero Rodríguez condenado a cadena perpetua
más 10 años de prisión:
Ha permanecido por períodos de más de 17 meses sin
recibir visitas familiares por la dilación en la
concesión de visas a su madre, Mirtha Rodríguez y a su
hijo Antonio Guerrero.
-
En diciembre de 2003, después de recibir las
correspondientes visas y viajar a los Estados Unidos, su
madre Mirtha Rodríguez y su hijo Antonio Guerrero no
pudieron efectuar las visitas previstas por haber sido
trasladado Antonio imprevistamente a otra prisión. No
fue hasta abril de 2005 en que recibieron una nueva visa
para visitarlo.
-
Su madre, Mirtha Rodríguez, presentó su solicitud de
visa el 16/4/07 y le fue concedida el 5/2/08, 10
meses después de haberla solicitado.
-
Su hijo Antonio Guerrero Cabrera, presentó su solicitud
de visa el 8/3/07 y le fue concedida el 5/2/08, 11
meses después de haberla solicitado.
Atendiendo al carácter humanitario de estas visitas y su
obligación moral y legal de facilitarlas, agravado por
el hecho del tiempo trascurrido desde la detención de
estos prisioneros en septiembre de 1998, el Gobierno de
Estados Unidos debe otorgar las visas que hasta ahora ha
estado negando reiteradamente a Olga Salanueva y Adriana
Pérez, y garantizar la entrega en los plazos mínimos
establecidos de los permisos de entrada al resto de los
familiares.
Un número importante de instituciones internacionales,
incluyendo Parlamentos, han condenado el impedimento y
obstaculización a las visitas familiares de los 5 como
violaciones del derecho internacional.
En carta dirigida al Departamento de Estado de los
Estados Unidos, Amnistía Internacional declaró: “Esa
denegación de las visitas familiares a prisioneros
convictos representa, en cualquier caso, una privación
sustancial. Esto constituye una preocupación aún más
urgente en estos casos [de los 5 cubanos] dadas las
graves cuestiones planteadas acerca de la imparcialidad
de las condenas” y añadió: “esta medida es
innecesariamente punitiva y violatoria de las normas
para el trato humano de los prisioneros y de la
obligación de los Estados de proteger la vida familiar”.
APOYO INTERNACIONAL A LOS CINCO
Organizaciones religiosas, organizaciones de abogados
así como intelectuales, personalidades, incluyendo
varios premios Nóbel, Parlamentos y parlamentarios de
todo el mundo han denunciado las violaciones cometidas
contra estos hombres y han exigido su liberación.
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Mayo 27, 2005
“La privación de libertad de los señores Antonio
Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo
Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René
González Sehwerert es arbitraria, está en contravención
del artículo 14 de la Convención Internacional de
Derechos Civiles y Políticos”
Carta abierta al Fiscal General
de los Estados Unidos
Señor Alberto González
Fiscal General de los EEUU
Como se ha informado en la prensa internacional, el
pasado 9 de agosto la Corte de Apelaciones del Onceno
Circuito de Atlanta declaró nulo el juicio celebrado en
Miami, donde se condenó a Gerardo Hernández Nordelo,
René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Antonio
Guerrero Rodríguez y Fernando González Llort, quienes se
habían infiltrado en los grupos extremistas
cubano-americanos del sur de la Florida para obtener
información sobre la actividad terrorista contra Cuba.
Su encarcelamiento ya había sido declarado ilegal por
el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde hace siete años, estos cinco jóvenes permanecen en
cárceles de máxima seguridad; han sufrido incomunicación
en celdas de castigo por largos períodos y a dos de
ellos se les ha privado del derecho a recibir visitas de
sus familiares.
Ahora, después de la anulación del juicio, nada
justifica que permanezcan en prisión. Esta arbitraria
situación, tan dolorosa para ellos y sus familias, no
puede prolongarse. Los abajo firmantes reclamamos su
inmediata liberación.
Los PREMIOS NOBEL Wole Soyinka, Nadine
Gordimer, Desmond Tutu, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez
Esquivel, José Saramago,
Harold Pinter, Zhores
Alfiorov,
y
Günter Grass , junto a más de 6000 intelectuales y
artistas de todo el mundo,
entre ellos:
Noam Chomsky, Oscar Niemeyer, Mario Benedetti, Harry
Belafonte, Pablo González Casanova, Ernesto Cardenal,
Thiago de Mello, Danny Glover, Walter Salles, Eduardo
Galeano, Alice Walker, Manu Chao, Atilio Borón,
Francois Houtart, Ignacio Ramonet, Luis Sepúlveda,
Tariq Ali, Ramsey Clark, Gianni Miná, Frei Betto,
Miguel Bonasso, Howard Zinn, Jorge Sanjinés, Rusell
Banks y Alfonso Sastre, firmaron esta carta.
·
Más de 1000 parlamentarios de todo el mundo han
declarado su apoyo a los 5 mediante mociones y cartas al
gobierno de Estados Unidos exigiendo su liberación
·
Los Parlamentos y Comisiones parlamentarias de Gran
Bretaña, Irlanda, Rusia, México, Bélgica, Alemania,
Italia, Bolivia, Venezuela, Panamá, Perú, Brasil,
Paraguay y Mali, entre otros, se han pronunciado a
favor del caso. En Julio de 2008 la Asamblea Nacional de
Namibia
aprobó con el apoyo de todas las fuerzas políticas
representadas en la misma una moción en demanda de la “liberación inmediata e incondicional de los cinco”
·
La 113 Asamblea de la Unión Interparlamentaria, el
Parlamento Latinoamericano, el Parlamento
Centroamericano, el ParlaSur, el Parlamento Andino y el
Parlamento Indígena emitieron resoluciones al respecto
·
El Foro de Mujeres de la Asamblea
Parlamentaria Conjunta ACP-UE y la Red de Mujeres
Parlamentarias de la Conferencia Parlamentaria de las
Américas han denunciado la situación de dos de las
esposas de los Cinco a las que Estados Unidos les niega
las visas.
·
En febrero de 2007, 187 miembros del
Parlamento Europeo firmaron una Declaración Escrita en
la que se pide al Gobierno estadounidense que conceda
los visados necesarios para las esposas de dos de los
Cinco, Olga Salanueva y Adriana Pérez, y otros
familiares en el mínimo plazo legal y solicita al
Consejo y a la Comisión Europea que hagan un llamamiento
al Gobierno de Estados Unidos con vistas a que adopte
las medidas necesarias para resolver esta situación.
·
El 7 de julio de 2008 parlamentarios de 15 países de
América Latina y el Caribe, así como representantes de
los parlamentos regionales (PARLATINO, PARLANDINO,
PARLACEN, PARLASUR y Parlamento Indígena), se reunieron
en Ciudad de Panamá y acordaron un grupo de acciones
para impulsar la campaña mundial por la libertad de
cinco.
En febrero de 2007, 187 miembros del Parlamento Europeo
firmaron una Declaración Escrita en la que se pide al
Gobierno estadounidense que conceda los visados
necesarios para las esposas de dos de los Cinco, Olga
Salanueva y Adriana Pérez, y otros familiares en el
mínimo plazo legal y solicita al Consejo y a la Comisión
Europea que hagan un llamamiento al Gobierno de Estados
Unidos con vistas a que adopte las medidas necesarias
para resolver esta situación.
Importantes
asociaciones de abogados, de defensores del pueblo y de
derechos humanos han dado su respaldo a la causa de los
Cinco:
·
Unión Internacional de Juristas
·
Unión Iberoamericana de Juristas
·
Asociación Nacional de Abogados Criminalistas de Estados
Unidos
·
Asociación Nacional de Defensores Federales de Estados
Unidos
·
Asociación de Abogados Criminalistas de la Florida, E.U.
·
Orden de Abogados de Brasil
·
Colegio de Abogados de Puerto Rico
·
Asociación Internacional de Abogados
Demócratas
·
Asociación Americana de Juristas
·
Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos
·
