VALORACIÓN POLÍTICO- JURÍDICA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO SEGUIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA NUESTROS CINCO HÉROES. LA VERDAD DE LOS CINCO HEROES CUBANOS  PRESOS EN CARCELES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO.

El ataque a las torres gemelas en los Estados Unidos sirvió de amargo pretexto  para desatar una guerra contra el resto del Mundo bajo la frase planteada por el presidente Bush “o con EE.UU., o con el terrorismo...”[1], quien advenido al poder de forma fraudulenta, naufragando en una economía en recesión a la cual no se le veían remedios, carente de la más alta popularidad, sin carisma de ningún tipo, de pronto, gracias a ese macabro acontecimiento, se empina como reivindicador del honor norteamericano y auténtico defensor de la gran nación y levanta los más elementales sentimientos de miedo y venganza para alcanzar poderes inconcebibles dentro del sistema político norteamericano.

Han producido en el pueblo norteamericano una histeria de miedo, rencor, venganza y prejuicios raciales y nacionales de los más bajos. Los derechos civiles de este pueblo han sido casi suprimidos gracias a la llamada Ley Patriótica, hay centenares de detenidos sin proceso, sin esperanzas de juicio, en total incomunicación, violando la Constitución de los Estados Unidos, pero todo ello es en gracia de la defensa de los derechos humanos y a favor de la lucha contra el terrorismo.

Nuestro país ha sido víctima real del terrorismo durante más de 45 años y se han realizado centenares de acciones terroristas que han dejado colosales saldos de muertos, heridos y casi incontables pérdidas materiales.

Todas las acciones terroristas que ha sufrido el país han sido concebidas, organizadas, financiadas y dirigidas por distintas agencias del gobierno de los Estados Unidos, muchas veces actuando a través de, o escudándose en organizaciones contrarrevolucionarias anticubanas.

Ante esta situación irregular Cuba ha tenido que defenderse; nos hemos visto obligados a protegernos contra tales propósitos de destrucción y muerte. Precisamente  cinco patriotas cubanos consagraron los mejores años de su vida a tratar de conocer y evitar las acciones terroristas de una serie de organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en los Estados Unidos, y en estos momentos cumplen condenas desmesuradas e injustas, siendo víctimas de las más diversas violaciones de los Derechos Humanos.

 Este artículo tiene como objetivo: Valorar desde el punto de vista político-jurídico la situación de nuestros cinco compatriotas.

 Dicha valoración se realizará partiendo desde el momento en que fueron detenidos, la sentencia dictada por el onceno circuito de la Corte de Apelaciones de Atlanta, hasta las perspectivas actuales de su situación y lo injustificado de sus condenas.

El 12 de Septiembre de 1998 nuestros cinco compatriotas fueron detenidos por un operativo realizado por el FBI, el cual se realizó sin previa notificación, además de ser interrogados durante una seis horas en el Cuartel General de Miami, sin asistencia de abogados; y después fueron conducidos al Centro Federal de Detención, donde se les encerró en celdas conocidas como “solitarias”, sin contacto alguno con el exterior, apenas con sus abogados donde a la entrevista acudían esposados y a través de un cristal.

Apenas unos días después, el 29 de Septiembre, fueron encerrados en los calabozos de la Unidad de Albergamiento Especial, llamados por los propios reclusos, abogados y funcionarios del penal como el “Hueco”, de condiciones infrahumanas, donde apenas pueden moverse de un lugar a otro, sin ventanas, con una luz que no apagaban ni durante las noches, prohibiéndose la comunicación con familiares y abogados.

Se cometieron una serie de violaciones a la Constitución de los Estados Unidos, el Derecho Internacional y otros Instrumentos Jurídicos en materia de Derechos Humanos.

Luego de dos años de espera el 27 de Noviembre del 2000 comenzó a desarrollarse el proceso en el Tribunal Federal del Distrito Sur de la Florida, preñado de una serie de irregularidades y violaciones de las reglas del proceso y el Derecho Penal de los Estados Unidos, las cuales fueron las siguientes:

En este caso los jurados son seleccionados mediante sorteo, bien tomándolos del padrón electoral, o bien, de la lista de los titulares de licencias de conducción, el Tribunal envía una citación a las personas que resulten seleccionadas  para que comparezcan; luego se realiza la audiencia para la selección y formación del jurado. En el caso de los Cinco por muy cuidadosos que fueran los abogados de la defensa, por muy perspicaces en el intento por descubrir el posible prejuicio, la parcialidad, la antipatía, sería siempre imposible encontrar en Miami un jurado desprovisto de toda influencia en contra de los acusados o sin temor a las consecuencias que podían derivarse  de un voto en contra de la posición de la extrema derecha. Es por estas razones  que los abogados de la defensa solicitan un cambio de sede mediante una moción, la cual es denegada, privándoseles a los acusados del derecho fundamental consagrado en la VI Enmienda, de ser juzgados por un jurado imparcial.

Con esta garantía el gobierno debe otorgar a los acusados cierta protección en el juicio mediante el cual se pretenda privarle de la vida, de la libertad o los bienes. Sin embargo en el caso de los cinco compatriotas la garantía consistente en el derecho de un juicio rápido y expedito, con un jurado imparcial fue totalmente ignorada. O mejor dicho, violada; pero como si no fuera por si solo suficiente para declarar la nulidad del juicio, por  violación de la V y VI Enmienda, todo un rosario de violaciones se le sumaron viciando el proceso y pregonando su ilegalidad.

Desde el momento mismo de su detención los acusados recibieron un tratamiento desmedido, cruel e inhumano. Se buscaba evidentemente aflojarlos, debilitar su moral, su dignidad humana, y, a la vez impedir, o al menos, dificultar lo más posible la preparación de la defensa para el juicio, al poner en precario la comunicación abogado-acusado.

Todas estas actuaciones y muchas más  constituyen violaciones de la VIII Enmienda de la Constitución Norteamericana, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas y de otros muchos Instrumentos Jurídicos Internacionales específicos  respecto al trato de detenidos y sancionados.

En el proceso penal norteamericano, tanto al inicio de la audiencia o juicio oral como en su conclusión, el Juez instruye al jurado en lo concerniente a la naturaleza del caso, así como su función y responsabilidad como juzgadores de los hechos.

En este caso la jueza explicó al jurado que la Fiscalía debía probar la culpabilidad del cargo de asesinato y espionaje, cuestión que no pudo lograr dicho fiscal; aún así  el jurado declaró culpables a todos los acusados de todos los cargos imputables, excediéndose en su actuación.

No solo hubo un jurado compuesto por personas ajenas a los hechos, sino que tampoco se les apartó y aisló debidamente durante el período de deliberación. Se mantuvo el contacto con la comunidad prejuiciada, la influencia de la prensa, todo lo que impedía cada vez más que el jurado fuese imparcial.

En el caso de Gerardo no hubo una sola evidencia que demostrara que el acusado haya sido partícipe de una conspiración para el derribo de las avionetas, ni existió tal conspiración. No hubo evidencias incluso que probaran que el acusado sabía que las avionetas serían derribadas.

En el caso de Antonio Guerrero se probó que nunca estuvo en posición de obtener información secreta, ni tuvo contactos, ni hubo intento alguno de obtener ese tipo de información y que la que estaba a su alcance era conocida públicamente.

El hecho del derribo de la avionetas de Hermanos al Rescate es un acto que corresponde a las Fuerzas Armadas Cubanas, o sea en un acto de Estado, sobre el cual Gerardo no tiene potestad o poder de decisión alguna, tomando como base lo planteado por el Derecho Internacional y el precedente judicial en las Cortes estadounidenses.

La doctrina especializada sostiene que el Poder Judicial, o sea, en estos casos, las Cortes Federales, tienen la facultad de otorgar la inmunidad soberana a los Estados extranjeros en la conducción de los asuntos con vínculos externos. En este sentido, la doctrina especializada y la jurisprudencia norteamericana han reiterado que la falta de este análisis o valoración para la posible aplicación de la doctrina de la inmunidad soberana en aquellos casos con vínculos externos o puntos de conexión con la actuación de un Estado extranjero, puede conducir a injusticias, como sucedió en este caso.

II.                  Se analiza la ley y su aplicación a los hechos de este caso.