Leonard Weinglass, publicado en diciembre de 2005 (Le Monde Diplomatique)

15 de enero

 En septiembre 1998, cinco cubanos – Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González – fueron arrestados en Miami (Florida), y se les acusó de haber cometido 26 delitos ante los ojos de las leyes federales norteamericanas. Los Cinco, como les llamaremos en adelante, llegaron a los Estados Unidos desde La Habana con la misión de infiltrar las organizaciones mercenarias armadas surgidas de la comunidad cubana en el exilio, toleradas, e inclusive, protegidas en la Florida por los sucesivos gobiernos norteamericanos, y descubrir, así, sus potenciales actividades terroristas contra Cuba.

La isla ha sufrido pérdidas humanas significativas y grandes daños a causa de tales agresiones. Sus reclamos ante el gobierno de los Estados Unidos y las Naciones Unidas han sido vanos. A inicios de la década de los noventa, y cuando Cuba se esforzaba por desarrollar el turismo, los anti-castristas de Miami desencadenaron una violenta campaña dirigida a disuadir a los extranjeros de venir a la isla. En 1997, fue descubierta una bomba en uno de los aeropuertos de La Habana, otras las hicieron estallar en ómnibus y hoteles. Varias instalaciones turísticas fueron blanco de ametralladoras desde embarcaciones procedentes de Miami.

Durante el arresto, Los Cinco no opusieron ninguna resistencia. Su misión no consistía en obtener secretos militares norteamericanos, sino en vigilar a los terroristas e informar a Cuba sobre sus planes de agresión [1]. Fueron enviados inmediatamente a celdas disciplinarias reservadas al castigo de los prisioneros más peligrosos, donde permanecieron por 17 meses, hasta que comenzó el proceso. Al término del mismo, 7 meses más tarde, en diciembre de 2001 (tres meses después del traumatismo del 11 de septiembre), fueron condenados a penas máximas de prisión: Gerardo Hernández a doble cadena perpetua, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a cadena perpetua. Los otros dos, Fernando González y René González a 19 y 15 años, respectivamente. Veinticuatro de sus cargos de acusación, de carácter técnico y relativamente menores, se refieren al uso de documentación falsa y al incumplimiento de la obligación de declararse agentes extranjeros. Ninguno de estos cargos comprende el uso de armas, actos de violencia o la destrucción de bienes.

Nada es más revelador que el contraste entre la conducta del gobierno estadounidense en este caso y su actitud frente a Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. Ambos son, por demás, los organizadores de un atentado con bomba en el que un avión de aerolínea cubana explotó en pleno vuelo, en octubre de 1976, ocasionando la muerte de 73 personas.

Cuando Bosch solicitó un permiso de estancia en los Estados Unidos, en 1990, una investigación oficial del Departamento de Justicia concluyó: “Durante años, estuvo implicado en ataques terroristas en el exterior, se autoproclama partidario de la ejecución de atentados y sabotajes y ha participado en varios de ellos”. No obstante, el propio presidente George Bush padre le otorgó el permiso de estancia.

En espera del veredicto por el atentado de 1976 contra la aeronave de Cubana de Aviación, Posada Carriles se “escapó” de una cárcel venezolana en 1985 con la ayuda de poderosos “amigos”. Admitió, en dos oportunidades, que él era responsable de los atentados con bomba de 1997 en La Habana (un turista italiano fue asesinado y una decena de personas resultaron heridas) [2] Un tribunal panameño lo declaró culpable por “poner en peligro la seguridad pública”, tras ser arrestado, en noviembre del 2000, mientras preparaba un atentado contra el presidente Fidel Castro, quien se encontraba rodeado de centenas de personas, principalmente de estudiantes, en ocasión de una Cumbre regional.

Posada ha disfrutado de manera inexplicable de la hospitalidad del gobierno de los Estados Unidos, luego de la gracia ilegal que le concedió la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, dos días antes de finalizar su mandato. Mientras que su presencia en territorio norteamericano era un secreto a voces, se le detuvo solamente después de ofrecer una conferencia de prensa. Con alojamiento costeado por las autoridades, no en una prisión, sino en una residencia especial situada en un centro de detención, no se le ha abierto ningún proceso judicial en la actualidad y se le aplica simplemente una medida administrativa por no poseer un permiso de estancia. En consecuencia, puede ser expulsado hacia el país de su elección. Los Estados Unidos rechazan la idea de extraditarlo a Venezuela, que lo reclama, y donde debería responder por las acusaciones de terrorismo.

Los Cinco, para retomar el tema, fueron separados y colocados en cárceles de alta seguridad, a centenas de kilómetros unos de otros. A dos de ellos se les negó, después de 7 años, la visita de sus esposas, en detrimento de las leyes norteamericanas y las normas internacionales.

El proceso se extendió por más de 7 meses. Más de 70 testigos comparecieron, incluso dos generales y un almirante retirado, un consejero de la presidencia, todos presentados por la defensa [3].

Las minutas representan 119 volúmenes de transcripciones, los testimonios recogidos antes del proceso y el expediente de instrucción otros 15 volúmenes. Más de 800 documentos probatorios se produjeron, algunos excedían las 40 cuartillas. Los 12 jueces, conducidos por su presidente, quien manifestó abiertamente su hostilidad contra Fidel Castro, declararon, a “los Cinco”, culpables de los 26 cargos de acusación, sin hacer una sola pregunta o pedir una nueva lectura de los testimonios, hecho inusitado en el caso de un juicio tan largo y complejo como éste.

Los dos cargos principales se basan en un método de acusación que se emplea con frecuencia en casos de naturaleza política: la “conspiración” (acuerdo ilegal establecido entre dos o más personas para cometer un delito). No hace falta que se consuma el delito. Lo único que debe hacer la acusación es demostrar, sobre la base de una prueba circunstancial, que un acuerdo “debe haber existido”. Rara vez aparecen pruebas reales y directas de un acuerdo ilegal, excepto cuando uno de los participantes las presenta por sí mismo o decide confesar. En un caso de este tipo, el jurado parte del principio que hubo un acuerdo, sin evidencias del delito, teniendo en cuenta consideraciones políticas, la pertenencia a una minoría o la nacionalidad del acusado.

La primera acusación de conspiración señalaba que tres de los Cinco se habían puesto de acuerdo “para cometer espionaje”. Desde el principio, el gobierno indicó que no estaba obligado a probar el delito de espionaje, pero que existía simplemente un complot de espionaje. Una vez librados de la obligación de probar el delito, los fiscales se afanaron en convencer al jurado que esos cinco cubanos debieron haberse puesto de acuerdo para alcanzar su objetivo.

En su exposición inicial, la Fiscal admitió que Los Cinco no poseían la más mínima página de informaciones, clasificadas “top secret” por el gobierno, mientras que, en cambio, éste había logrado obtener más de 20 000 páginas de correspondencia entre ellos y Cuba –la revisión de dicha correspondencia se le confió a uno de los más altos oficiales a cargo de los asuntos de la inteligencia en el Pentágono [4]. Cuando se le interrogó al respecto, reconoció que no recordaba haber hallado la más mínima información que hiciera alusión a la defensa nacional de Estados Unidos. Según la ley, debe probarse esta presencia para que pueda existir el delito de espionaje.

Aún más, el único elemento sobre el cual se basa la acusación, fue el hecho de que uno de los Cinco, Antonio Guerrero, trabajaba en un taller de fundición de la base naval de entrenamiento de Boca Chica, al Sur de la Florida. Abierta por completo al público, esta base contaba, incluso, con un área donde los visitantes podían fotografiar los aviones en la pista. Mientras trabajó allí, Guerrero no solicitó en ningún momento un pase de seguridad. No estaba autorizado a entrar en las zonas de acceso limitado y no intentó hacerlo jamás. En los dos años que antecedieron a su arresto y, durante los cuales el FBI lo vigilaba, ningún agente detectó el menor signo de comportamiento incorrecto por su parte.

Guerrero tenía como única misión la de detectar e informar a La Habana a partir de “lo que podía apreciar él” observando “actividades públicas”. Entiéndase por esto, además, informaciones al alcance de cualquiera sobre las salidas y arribos de los aviones.

Asimismo, se ocupaba de recortar los artículos de la prensa local que ofrecían datos sobre las unidades militares situadas en la región.

Ex-altos oficiales del ejército y de los servicios de seguridad norteamericanos declararon que Cuba no constituía una amenaza militar para Estados Unidos, que no había ninguna información militar que obtener en Boca Chica y que, “el interés de Cuba por el tipo de informaciones expuestas en el juicio era conocer si, en realidad, nosotros intentábamos preparar una acción armada contre ellos”.[5]

Una información que es de dominio público no puede ser parte de una acusación de espionaje. Sin embargo, luego de escuchar tres veces el argumento en sumo fantasioso de la acusación, según la cual Los Cinco tenían “por objetivo destruir a los Estados Unidos”, el jurado, guiado más por la pasión que por la ley y las pruebas, los declaró culpables.

La segunda acusación de conspiración vino a añadirse siete meses después de la primera. Esta vez contra uno de los Cinco, Gerardo Hernández, por haber conspirado con otros funcionarios cubanos, que no estaban acusados, a fin de derribar dos avionetas pilotadas por exiliados cubanos de la organización Hermanos al rescate, en el momento en que penetraban en el espacio aéreo cubano provenientes de Miami, a pesar de las advertencias de las autoridades. Los Migs cubanos las interceptaron y provocaron la muerte de las cuatro personas a bordo.

La acusación reconoció que no existía ni sombra de una prueba referente a un supuesto acuerdo entre Hernández y los oficiales cubanos sobre si derribarían o no las avionetas, y la manera en que lo harían. En consecuencia, la obligación legal de probar “más allá de cualquier duda razonable” que un tal acuerdo haya tenido lugar, no se cumplió. El gobierno admitió ante la Corte que se encontraba frente a un "obstáculo infranqueable".Propuso, inclusive, modificar su propia acusación, lo cual no aceptó el tribunal de apelación. A pesar de todo, el jurado declaró culpable a Hernández de ese delito inventado.

Los cinco cubanos apelaron inmediatamente las sentencias ante el 11no. Circuito de Atlanta, en Georgia. Posterior a una minuciosa revisión de los documentos, una troica de jueces hizo público, el 9 de agosto del 2005, un análisis detallado de 93 páginas acerca del proceso y las pruebas, y anuló el veredicto destacando que los Cinco no habían beneficiado de un juicio justo en Miami. Con sus 650 000 exiliados que dieron a Bush los votos faltantes para su victoria en

las elecciones presidenciales del 2000, esta ciudad ha sido considerada por un tribunal de apelación federal, de tal modo hostil e irracional con relación al gobierno cubano y tan favorable a la violencia ejercida contra aquel, que no podría servir como sede de un proceso justo a los cinco inculpados. Además, la conducta de los fiscales, presentando argumentos exagerados y sin fundamentos a los miembros del jurado, fortalecieron los prejuicios, al igual que lo hicieron las informaciones suministradas por la prensa tanto antes como durante el proceso.

Se ordenó un nuevo juicio. Mas allá del reconocimiento de que los derechos elementales de los acusados fueron violados, la Corte, por primera vez en la historia de la jurisprudencia norteamericana, admitió las pruebas presentadas por la defensa respecto a las acciones terroristas realizadas contra Cuba desde la Florida, citando incluso en nota, el papel de Posada Carriles, y refiriéndose a este como un terrorista.

Tal decisión de la troica dejó estupefacta a la administración Bush. Sin embargo, estaba precedida por la del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre las detenciones arbitrarias [6], que concluyó considerando la de los Cinco como una de ellas, y apelando al gobierno de los Estados Unidos a tomar las medidas para poner fin a esta situación.

Ex-consejero de George Bush, el Ministro de Justicia de los Estados Unidos, Alberto González, tomó la decisión inusitada de presentar una apelación ante los 12 jueces del 11no Circuito, pidiéndoles insistentemente revisar la decisión de la troica, un procedimiento rara vez premiado con el éxito, sobre todo cuando los tres jueces estuvieron de acuerdo y expresaron una opinión tan erudita y amplia.

Para mayor sorpresa de muchos abogados que siguen el caso, los jueces del 11no Circuito se pusieron de acuerdo, el 31 de octubre, para revisar dicha decisión... "Los Cinco" no fueron juzgados por  violar la ley norteamericana, sino porque su trabajo centró la atención en aquellos que, precisamente, lo hacían. Al infiltrarse en las redes criminales existentes, de manera abierta, en la Florida, desnudaron la hipocresía de la oposición al terrorismo, de la cual los Estados Unidos tanto se jacta.

[1].Una ley norteamericana, la Ley de Neutralidad, prohíbe lanzar, desde territorio de los Estados Unidos, ataques contra países extranjeros con los cuales existen relaciones de paz.

[2]. Confesiones publicadas en el New York Times los días 12 y 13 de julio de 1998 y difundidas unos días después por una cadena televisiva en idioma español, dependiente de la CBS.

[3]. El General James R. Clapper Jr. (retirado), ex-director de la Agencia de inteligencia para la Defensa (DIA); Sr. Edward Breed Atkeson, mayor general, Ejército terrestre; Sr. Eugène Carrol,

contralmirante retirado; Sr. Charles Elliot Wilhelm, general retirado de la Infantería de marina, ex-comandante en jefe del Comando Sur de los Estados Unidos (SouthCom); Sr. Richard Nuncio, ex-consejero del presidente James Carter.

[4]. Director de Inteligencia de la Defensa, un general de tres estrellas.

[5]. Mayor general Edward Breed Atkenson (Ejército de los Estados Unidos, Escuela de inteligencia para la defensa de Estados Unidos)

[6]. Subordinado a la Comisión de derechos humanos.

Abogado, ex-defensor, entre otros, de Angela Davis y Mumia Abu-Jamal.

(Le Monde Diplomatique) 15-01-2005