Paso de avance en la batalla legal por la liberación de los Héroes

Por Juan Diego Nusa Peñalver

La Habana, 9 ago (AIN) Los tres magistrados de la Corte del XI circuito de Apelaciones de Atlanta, EE.UU., que tiene a su cargo el caso de los cinco luchadores cubanos contra el terrorismo, determinó hoy revocar las cinco sentencias y ordenar un nuevo juicio fuera de Miami.

La decisión del panel de la Corte de Atlanta fue unánime, con lo cual reconoció el derecho de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero a ser juzgados imparcialmente y en una atmósfera no hostil y tener un proceso judicial justo.

Este fallo acoge los argumentos ofrecidos por los defensores de los luchadores antiterroristas cubanos y es, sin dudas, un importante paso en la batalla legal por su liberación, aunque aún puede ser apelado por la Fiscalía.

Numerosas agencias de prensa y medios digitales extranjeros se hacen eco de la determinación del panel de jueces de Atlanta, que ha sido acogida con gran alegría por los 246 comités pro liberación de Los Cinco creados en 82 países de los cinco continentes, que demandan la excarcelación de estos dignos hombres.

En septiembre de 1998 resultaron detenidos por el Buró Federal de Investigaciones Gerardo, René, Antonio, Fernando y Ramón y sentenciados a injustas y desmesuradas penas de cárcel en diciembre de 2001, en un amañado juicio.

El único propósito de Los Cinco era defender a Cuba del terrorismo organizado y financiado por la mafia anticubana de Miami, cuyas acciones siempre han contado con la anuencia de sucesivas Administraciones norteamericanas, incluida la del Presidente George W. Bush.

Durante el dilatado proceso, la fiscalía no presentó ni una evidencia sobre la pretendida conspiración, ni acerca del manejo de información secreta, ni del esgrimido peligro en que estuvo la seguridad nacional norteamericana.

La defensa de estos valerosos luchadores antiterroristas demandó un nuevo juicio fuera de Miami y la nulidad de lo actuado, entre otras razones por la falta de un jurado imparcial -precisamente por la denegación del cambio de sede- y del debido proceso legal.

Es significativo el hecho de que en ese arbitrario juicio los abogados defensores sólo tuvieron acceso al 20 por ciento de las supuestas evidencias condenatorias.