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Por Ricardo Alarcón
Después de años tratando, sin mucho
éxito, que las personas conozcan la
verdad acerca de los cinco jóvenes
cubanos presos injustamente en Estados
Unidos por combatir el terrorismo
radicado en Miami, una sorpresiva luz
apareció el 14 de julio. Llegó en un
despacho de noticias de la AP desde
Ginebra y, paralelamente en la misma
fecha, del servicio de noticias de la
BBC. Un panel de Naciones Unidas ha
declarado arbitraria y en violación del
derecho internacional la detención y el
juicio en Miami de Antonio Guerrero,
Fernando González, Gerardo Hernández,
Ramón Labañino y René González.
Fue una noticia importante por sus
propios méritos. Nunca antes un
organismo de Naciones Unidas se había
pronunciado de tal forma sobre este
asunto. Y ha sido poco frecuente, por
decir lo menos, que tales agencias
mencionen siquiera a los Cinco cubanos.
Aparentemente algunas personas se
pusieron nerviosas en Washington y la
gran maquinaria de mentiras se puso en
acción.
De acuerdo con la historia que apareció
el 20 de julio en The Miami Herald,
basada en citas de un alto oficial no
identificado del Departamento de Estado,
la acción de Naciones Unidas fue
"orquestada" por el Gobierno cubano en
vez de proceder de una denuncia
individual.
Los hechos son bien diferentes y se
reflejan claramente en el documento de
Naciones Unidas. Adriana Pérez, esposa
de Gerardo, y Olga Salanueva, esposa de
René, (a quienes el informe identifica
como la "fuente") presentaron
personalmente el tema a los funcionarios
de Naciones Unidas en Ginebra a
principios de la primavera del 2004.
Naciones Unidas trasmitió esa denuncia
al Gobierno de Estados Unidos (su
primera comunicación está fechada el 8
de abril de 2004) y después se comunicó
en varias ocasiones con las dos partes,
formulando también sus propias
preguntas.
En otras palabras, hubo un Gobierno
involucrado en el proceso, solamente un
Gobierno. Y casualmente resulta ser el
de Estados Unidos. Esto está reconocido
correcta y adecuadamente por el panel de
Naciones Unidas en su informe.
En el párrafo 2: "El Grupo de Trabajo
envía su agradecimiento al Gobierno por
haber remitido la información requerida
a tiempo."
En el párrafo 4: "El Grupo de Trabajo
recibe con beneplácito la cooperación
del Gobierno."
En el párrafo 5: "El Grupo de Trabajo
consideró este caso … y decidió …
solicitar información adicional. El
mismo ha recibido respuestas tanto del
Gobierno como de la fuente".
Y en el párrafo 24: "El Grupo de Trabajo
decidió en su sesión 40 dirigirse al
Gobierno de Estados Unidos y a los
demandantes sobre tres temas que
facilitarían el trabajo del Grupo: … El
Grupo de Trabajo ha recibido información
tanto del Gobierno como de la fuente
sobre estos temas."
Fue sobre la base de estos intercambios
y de sus propias consideraciones en un
proceso que demoró más de un año, que el
panel de Naciones Unidas manifestó en su
decisión final, adoptada el 27 de mayo
del 2005:
"Después del arresto… fueron mantenidos
en confinamiento solitario durante 17
meses, durante los cuales la
comunicación con sus abogados y el
acceso a la evidencia y, con ello, las
posibilidades de una defensa adecuada se
vieron debilitadas."
"El Gobierno no ha refutado el hecho de
que los abogados de la defensa tuvieron
un acceso muy limitado a la evidencia…
lo que afectó negativamente su capacidad
para presentar evidencia contraria.".
"El Gobierno no ha negado que… el clima
de predisposición y prejuicio contra los
acusados en Miami persistió y contribuyó
a presentar a los acusados como
culpables desde el principio. No fue
impugnado por el Gobierno el hecho de
que un año más tarde el mismo admitió
que Miami no era el lugar adecuado para
celebrar un juicio donde estaba probado
que era casi imposible seleccionar un
jurado imparcial en un caso vinculado
con Cuba."
Sobre esta base "el Grupo de Trabajo
concluye que los tres elementos
enunciados arriba, en conjunto, son de
tal gravedad que confieren a la
privación de libertad de estas cinco
personas un carácter arbitrario",
declara que "la privación de libertad de
los señores Antonio Guerrero Rodríguez,
Sr. Fernando González Llort, Sr. Gerardo
Hernández Nordelo, Sr. Ramón Labañino
Salazar y Sr. René González Sehwerert es
arbitraria, está en contravención del
artículo 14 de la Convención
internacional de derechos civiles y
políticos". Y en consecuencia "el Grupo
de Trabajo solicita al Gobierno que
adopte las medidas necesarias para
remediar esta situación".
Los miembros del panel de Naciones
Unidas cumplen su deber en estricta
capacidad personal y no representan a
ningún Gobierno. Los cinco miembros son:
Sra. Manuela Carmena Castrillo (España),
Sra. Leïla Zerrougui (Argelia), Sra.
Soledad Villagra (Paraguay), Sr. Tamás
Ban (Hungría), y el Sr. Seyed Mohammad
Hashemi (Irán). No hay ningún cubano
involucrado en ese Grupo ni en la
Secretaría de Derechos Humanos de
Naciones Unidas.
Estados Unidos debe responder la
solicitud específica que ha recibido
desde Mayo. Está moralmente obligado a
"adoptar las medidas necesarias para
remediar esta situación" en vez de
pretender ignorar al Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas y calumniarlo. La
privación de libertad de cualquier ser
humano, cuando es arbitraria y contraria
a la ley, es equivalente al secuestro.
En este caso los secuestradores son las
autoridades de Estados Unidos. Y sus
víctimas han estado detenidas bajo tales
condiciones por casi siete años. Ha
llegado el momento de liberar a los
Cinco.
RICARDO ALARCON es el presidente de la
Asamblea Nacional del Poder Popular
(Parlamento) de Cuba.
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