Ricardo Alarcón de Quesada

 Se había dicho y repetido durante mucho tiempo. En primer lugar lo declararon ellos mismos –Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González- ante el propio Tribunal que en farsa macabra los condenara con perversa desmesura. Lo denunciaron una y otra vez las voces solidarias que paso a paso se levantaban en todo el mundo.

Los Cinco jóvenes cubanos detenidos en Miami en Septiembre de 1998 eran víctimas de una colosal injusticia. No habían causado daño alguno a nadie. Su única culpa fue luchar contra el terrorismo allí, en esa ciudad que es madriguera de terroristas. El proceso contra ellos estaba viciado desde su origen y todo él plagado de escandalosas violaciones al derecho. Era, de punta a cabo, en resumen, ilegal. Más que prisioneros eran Cinco inocentes secuestrados por un Gobierno. Las autoridades norteamericanas tenían una obligación ineludible. Poner fin al injusto encarcelamiento –o sea, al secuestro oficial- liberándolos inmediatamente.

Dar a conocer estas verdades a la opinión pública –sobre todo permitirles a los norteamericanos enterarse de ellas- ha resultado extraordinariamente difícil. Los grandes medios de “información”, con disciplinada uniformidad, han preferido no informar sobre este tema.

Una de las manifestaciones más curiosas de la “globalización” es la redefinición de qué asunto es noticia y cuál no lo es. Nunca ha llegado a ser noticia, por ejemplo, que el gobierno de Estados Unidos, por escrito y ante un tribunal, hubiese expresado formalmente su apoyo al terrorismo y que lo haya reiterado varias veces durante años. Así, con todas las letras, en documentos oficiales emitidos por ese Gobierno y en numerosas declaraciones de sus fiscales ante la Corte, todo lo cual aparece literalmente en las actas de las sesiones del Tribunal de Miami y en textos que son públicos, pero de los que no se han hecho eco jamás los medios norteamericanos o europeos (1).

Tampoco han considerado pertinente dar cuenta de cómo se impidió a los acusados acceder a las supuestas “pruebas” inculpatorias o de que se les hizo casi imposible la comunicación con sus abogados y a éstos también se les negó el acceso a esas “pruebas”. Eso nunca fue noticia.

Ni lo fue el hecho, por decir lo menos, insólito, de que ante el Tribunal desfilaron generales, almirantes, coroneles y expertos gubernamentales y que allí afirmaron, bajo juramento, que los acusados eran inocentes de los cargos imputados. Esa noticia nunca la descubrieron los grandes medios ubicados fuera de Miami pese a que el pseudoperiodismo local, en incesante algarabía, insultó y amenazó a esas personas y a que sus declaraciones se pueden encontrar, en las actas del Tribunal, desde hace cinco años (2).

¿Qué respecto al cargo más grave el propio gobierno de Estados Unidos reconoció que no lo podía probar y solicitó al final, infructuosamente, retirarlo? ¿Qué esa petición (3), sin precedente en la historia norteamericana, fue rechazada por el Tribunal y por la Corte de Apelaciones, y que, sin embargo, después, sin vacilación alguna, Gerardo Hernández fue declarado culpable de aquello por lo que ya nadie quería acusarlo? ¿Qué por ese cargo, además, lo condenaron a una segunda cadena perpetua? Nada de ello interesó a los comunicadores.

¿Qué se dificulte los contactos de los Cinco secuestrados con sus familiares? ¿Qué se reduzca al mínimo sus visitas? ¿Qué a dos de ellos, se les impida completamente encontrarse con sus esposas? ¿Qué a una niña de seis años no se le permita conocer a su padre? Esas no son cuestiones para emplear el tiempo de atareados periodistas ni siquiera de algunos imaginarios defensores de los derechos humanos.

El caso de los Cinco fue convenientemente ignorado por las grandes corporaciones que tratan de monopolizar la información en el planeta. Pero en Miami los llamados medios locales –voceros de los terroristas que dominan la ciudad y su radio, su televisión y su prensa escrita- sí se ocuparon del asunto. Lo hicieron con la estridencia que los ha hecho famosos. Hasta el punto que el mismísimo Tribunal, sometido como estaba a los dictados de la mafia terrorista, sin embargo, se vio obligado a protestar y a quejarse. Recuérdese la situación descrita por la jueza: supuestos periodistas, blandiendo cámaras y micrófonos, persiguiendo a los miembros del jurado por pasillos y escaleras del edificio del Tribunal hasta la calle, hasta sus vehículos, coléricos, amenazantes. “Ellos, los jurados tienen temor, se sienten amenazados”, confesó la jueza. Así consta en actas (4) y así lo divulgó la prensa miamense. Pero fuera de Miami se impuso el silencio. También sobre estos sucesos. La denuncia de la jueza, la angustia de los jurados, el alboroto de los “periodistas” encontraron unánime respuesta: No existieron, no fueron noticia.

Noticias, repetidas más allá del cansancio, día y noche, fueron, eso sí, las aventuras de Kobe Bryant, el atuendo de Martha Stewart, los trajines en la cama de Michael Jackson, y sus visitas a unas Cortes asediadas por ávidos “informadores”. Porque noticias judiciales, de policías y tribunales, no es precisamente lo que falta en la televisión, la radio y los diarios norteamericanos ni en sus clones europeos.

En este mundo “globalizado”, desde el Himalaya hasta la Patagonia, muchos conocen las peripecias sexuales de cualquier famoso pero a millones de norteamericanos se les prohíbe saber que su Gobierno protege al terrorismo en su propio territorio y castiga con inusitada crueldad a quienes allá lo combatan.

Así estábamos hasta el pasado jueves 14 de julio. Habrá que esperar para saber si fue sólo el azar o si la coincidencia trae una luz esperanzadora. Pero fue precisamente ese día y no otro cuando comenzó a circular la noticia. La dieron a conocer, cada cual por su lado, el servicio informativo de la BBC de Londres y la agencia de prensa norteamericana Associated Press cuyo despacho sería reproducido después por otros medios impresos y radiales: La ONU declara arbitrario e ilegal el arresto de los Cinco cubanos y el proceso que se les siguió.

Se trata del dictamen emitido por un panel de expertos independientes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos (5).

Es el resultado de un largo proceso de análisis, búsqueda de información y consultas que incluyeron al gobierno de Estados Unidos.

En sus conclusiones el Grupo subraya tres aspectos principales: el confinamiento solitario durante 17 meses impuesto a los Cinco desde el momento de su detención, el limitado acceso a la evidencia por parte de los acusados y de sus abogados y el ambiente muy hostil que debieron enfrentar.

Conviene apuntar que en tres ocasiones el Grupo de Naciones Unidas señala que en sus comunicaciones el gobierno de Estados Unidos admitió las serias violaciones cometidas. Veamos:

“El Gobierno no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia…Lo que afectó negativamente su capacidad para presentar evidencia contraria”.

“El Gobierno no ha negado que…el clima de predisposición y prejuicio contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentar a los acusados como culpables desde el principio. No fue impugnado por el Gobierno el hecho de que un año más tarde el mismo Gobierno admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba”.

Sobre esa base “El Grupo de Trabajo llega a la conclusión de que los tres elementos enunciados Regresar, en su conjunto, son de tal gravedad que confieren a la privación de libertad de estas cinco personas un carácter arbitrario”, declara que “la privación de libertad de los señores Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert es arbitraria y está en contravención del Artículo 14 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos” y en consecuencia “El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar esta situación”.

 ¿Cómo remediar está situación? ¿Cuáles son las medidas necesarias que el gobierno de Estados Unidos tiene que adoptar? Las respuestas son obvias. Todo el proceso contra los Cinco es írrito, nulo, carece de validez. Los Cinco secuestrados tienen que ser liberados inmediatamente.

 Desde el 12 de septiembre de 1998, hace ya casi 7 años, ese Gobierno priva de su libertad, arbitraria e ilegalmente, a Cinco jóvenes. El colmo es que lo hace para proteger a los grupos terroristas que actúan con total impunidad en territorio norteamericano. Lo ha logrado hasta hoy con el silencio cómplice de la gran prensa.

 Ahora tenemos el dictamen de la ONU y su difusión por algunos medios importantes. Ojalá que el mensaje pudiera multiplicarse hasta llegar a millones de personas a las que se ha negado el derecho a la información. Ojalá que hayamos llegado, finalmente, a la hora de la verdad.

 NOTAS 

1. United States vs. Hernández, et al Case 98-271-C R-Lenard.

2. Trial Transcript, (actas literales de las sesiones del Tribunal páginas 8196 a 8301,11049 a 11199, 11491 a 11547, 13089 a 13235).

3. Emergency Petition for writ of Prohibition presentada por el Fiscal del Distrito Sur de la Florida ante la Corte de Apelaciones el 25 de mayo de 2001.

4. Trial transcript, páginas 14644 a 14646.

5. Conclusión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. Opinión No. 19/2005 (Estados Unidos de América), 27 de mayo de 2005. 

La Habana, 19 de julio de 2005