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Ricardo Alarcón de Quesada
“Nacerá
el sol de justicia,
y en sus alas traerá salvación”
(Malaquías, 4, 2)
El pasado 9 de agosto, 28 meses después que los
acusados le habían presentado sus argumentos, la Corte
de Apelaciones del 11º Circuito pronunció, finalmente,
su veredicto revocando las injustas condenas que un
Tribunal de Miami había impuesto, hace ya más de cuatro
años, contra Cinco jóvenes antiterroristas cubanos. La
decisión de la Corte de Atlanta no tiene nada de
festinada. El proceso para que los acusados pudieran
ejercer su derecho a apelar fue largo, complejo y
azaroso.
Tuvieron que sortear un sinnúmero de obstáculos,
violatorios de principios y normas internacionales y
norteamericanas, que los obligó a defenderse en
condiciones tan difíciles que desafían la imaginación.
Parecía que nunca llegaría su caso a la necesaria
revisión por la Corte superior. Y luego los jueces de
Atlanta para hacer justicia dedicaron un tiempo cuatro
veces mayor que el empleado en la vergonzosa farsa
miamense (1).
La decisión de Atlanta tiene una significación
verdaderamente histórica.
Para comprenderlo es necesario ubicarla en su contexto
y repasar, aunque sea brevemente, sus antecedentes.
El 12 de septiembre de 1998 el FBI apresó a Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González. Fueron acusados de ser
agentes no registrados del Gobierno de Cuba cuya misión
era penetrar los grupos terroristas que operan
impunemente en Miami para develar sus planes
criminales. Ninguno de ellos tenía antecedentes
penales, nunca habían sido acusados de violar la ley o
transgredir norma o regulación alguna, no poseían armas
ni habían estado involucrados jamás en actos de
violencia o disturbios de ningún tipo. Sin embargo, se
les negó la posibilidad de acogerse a la libertad
condicional bajo fianza.
Por el contrario, desde el mismo día de su arresto
fueron sometidos a confinamiento solitario, encerrados
en el infame “hueco” y ahí permanecieron durante 17
meses continuos. Se les impuso un régimen de castigo
completamente ilegal, ya que la ley norteamericana lo
prevé sólo para delincuentes peligrosos que cometan
actos violentos dentro de la prisión y limita ese trato
a un máximo de 60 días. Se les hacía imposible
defenderse mientras en Miami estallaba una implacable y
masiva campaña de prensa, en la que participaban
oficiales del FBI, fiscales y autoridades locales, que
los mostraba como a peligrosos enemigos culpables de
los peores crímenes incluyendo el de intentar
“destruir a Estados Unidos”(2). Condenados
de antemano, sin juicio ni defensa posibles, sobre
ellos caía un huracán de calumnias y amenazas.
Pero eso no bastaba a sus acusadores. Para asegurarse
de que la justicia fuera irrealizable, la fiscalía, de
acuerdo con la jueza, clasificó como secretas las
supuestas “pruebas” inculpatorias -buena parte de ellas
propiedad de los propios detenidos incluyendo fotos
familiares, cartas personales y recetas de cocina- y de
ese modo impidió acceder a ellas a los acusados y a los
abogados defensores y al mismo tiempo le permitió al
Gobierno utilizarlas arbitrariamente y manipularlas.
Todavía hoy la defensa está a la espera de que se le
permita conocer esas “pruebas”. Infructuosamente lo
reclamó en reiteradas ocasiones al Tribunal de Miami y
sobre ello apeló a la Corte de Atlanta y aun no ha
recibido respuesta.
En esas condiciones se inició el “juicio” el 27 de
noviembre del año 2000. Habían decursado 26 meses desde
el día en que los Cinco fueron arrestados. Y no
olvidemos que de esos 26 meses, 17 los habían pasado
hundidos en el “hueco”.
El fraude judicial miamense concluyó en junio de 2001
cuando un jurado dócil y amedrentado, que de antemano
anunció el día y la hora exactas en que traería su
veredicto, en pocas horas sin hacer una sola pregunta
ni expresar la menor duda, los declaró culpables de
todos los 26 cargos. Para colmo condenó a Gerardo
Hernández por algo -el absurdo cargo 3, de asesinato en
primer grado- que la propia fiscalía, reconociendo que
no lo podía probar, había pedido retirarlo
(3).
Sorprendentemente, tras haber logrado tan fácil y
rápidamente el veredicto deseado, la jueza demoró 6
meses en dictar sus sentencias. Tardó en hacerlo tanto
tiempo como el que había durado el “juicio”. ¿Por qué?
¿Acaso iba a modificar o rectificar en algún modo la
conducta del jurado? ¿Intentaba distanciarse siquiera
ligeramente de la petición fiscal?
Nada de eso. Las desmesuradas sanciones correspondieron
literalmente a lo que el Gobierno le había propuesto.
¿Hacía falta tomarse la mitad de un año para responder?
¿Por qué tanta dilación?
Al concluir el juicio la jueza había anunciado que lo
haría en septiembre. Mientras ella se iba de vacaciones
los Cinco eran sometidos nuevamente a confinamiento
solitario. Esta vez permanecerían en el “hueco” durante
48 días y de él sólo salieron tras numerosas gestiones
de sus abogados. Esta nueva arbitrariedad tenía un
propósito evidente: dificultar al máximo la preparación
de sus alegatos, su única oportunidad para hablar ante
el Tribunal. En tal ocasión en lugar de pedir disculpas
o rogar clemencia, como es usual que hagan los
convictos, los Cinco denunciaron vigorosamente y
desenmascararon a los terroristas y al Gobierno que los
sostiene y ampara.
Pero algo más ocurrió en septiembre de 2001. El atroz
crimen del día 11 había estremecido a toda la sociedad
norteamericana y al mundo entero y la jueza decidió
posponer las sesiones de sentencia. Fue un aplazamiento
inusitado: tres meses. No fue el luto ni el homenaje a
las víctimas del horrendo ataque la causa de esa
demora. Más bien fue todo lo contrario.
Eran otras, completamente diferentes, sus razones. Lo
que el Gobierno y ella se proponían hacer era, entre
otras cosas, una vulgar afrenta a las víctimas de aquel
infausto día. Necesitaban separar lo más posible ambos
acontecimientos y disponer del tiempo suficiente para
asegurarse la mayor impunidad contando con la usual
colaboración de los grandes medios silenciadores de la
información.
El Gobierno iba a culminar una maniobra concebida para
dar apoyo y protección a los terroristas con quienes la
familia Bush tiene estrechos y antiguos vínculos y a
los que el actual inquilino de la Casa Blanca había
prometido retribuir en especie el escandaloso fraude
que en el 2000 le había permitido apoderarse de la
presidencia.
Para ello la fiscalía después de solicitar las
sanciones más severas, desarrollaría ante el Tribunal,
con total desvergüenza, su inmoral e ilegal teoría de
la “incapacitación”: a los acusados además de las
excesivas condenas se les impondrían restricciones muy
específicas para que, una vez recuperada su libertad,
no estuviesen en capacidad, nunca más, de intentar
cualquier cosa en perjuicio de los asesinos que son
íntimos de los Bush y actúan como dueños de Miami y
desde allí organizan y proclaman a los cuatro vientos
sus fechorías contra el pueblo de Cuba.
Nunca más volverían a ser hombres libres. Más allá de
los años de prisión, que incluyen cuatro sanciones de
por vida, sufrirían un régimen especial, una suerte de
insólito apartheid destinado a proteger a los
terroristas. Habría lugares a los que ellos no podrían
acercarse, sitios que no podrían visitar, calles por
las que no podrían deambular.
De controlar esas espúreas e inconstitucionales,
prohibiciones se encargaría el FBI. El mismo FBI que
los persiguió, maltrató y fabricó contra ellos la
infame acusación. El mismo FBI, por cierto, ante cuyas
propias narices vivían, se desplazaban libremente y se
entrenaron en el empleo de aviones como armas
monstruosas la mayoría de los terroristas que atacaron
al pueblo estadounidense el 11 de septiembre.
La jueza acogió, desde luego, la solicitud que le hizo
el Gobierno y la plasmó con estas palabras en las
sentencias dictadas contra René González, condenado a
15 años y Antonio Guerrero, condenado a cadena perpetua
más 10 años, ambos ciudadanos norteamericanos por
nacimiento: “Como una condición especial adicional
de la libertad supervisada, se le prohíbe al acusado
asociarse con o visitar lugares específicos donde se
sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales
como terroristas, miembros de organizaciones que
propugnan la violencia o figuras del crimen organizado”(4).
Los abogados defensores notificaron inmediatamente su
determinación de apelar ante la Corte correspondiente.
Pero, otra vez, la larga espera.
Transcurrió todo el año 2002 sin que el Tribunal de
Miami trasladase a Atlanta el expediente del caso,
requisito indispensable para que la Corte del Onceno
Circuito pudiera iniciar el proceso de apelación.
Ese año ocurrió algo que sólo puede suceder en Miami.
En junio el gobierno de Estados Unidos compareció como
acusado, ante el mismo Tribunal Federal de esa ciudad,
en una reclamación por supuesta discriminación en el
empleo que indirectamente se relacionaba con Cuba
(Ramírez vs. Ashcroft). Precisamente un año antes ese
Tribunal había condenado a los Cinco después de
haberlos juzgado allí por insistencia de la fiscalía,
que alegaba, entonces, que Miami era un centro
cosmopolita donde era posible un juicio justo e
imparcial para nuestros heroicos compatriotas.
Doce meses después, sin sonrojarse, los mismos fiscales
sostuvieron exactamente todo lo contrario: era
imposible allí un juicio adecuado respecto a nada que
tuviese relación con Cuba. La fiscalía solicitó y el
Tribunal concedió trasladar la sede de aquel juicio a
otra ciudad. Lo mismo que negaron a los Cinco que
habían reclamado el cambio de sede una y otra vez,
siempre para encontrar el cínico rechazo de quienes
poco después, cuando a ellos convino, en una rápida y
fácil decisión tuvieron que admitir la verdad. Es
difícil encontrar una prueba más concluyente de la
actitud dolosa, gansteril, de jueces y fiscales
miamenses.
Ante esa obvia manifestación de conducta impropia,
arbitraria e ilegal los Cinco volvieron a solicitar la
anulación del juicio realizado contra ellos y que el
asunto fuese transferido a otro tribunal fuera del
lugar que ahora -jueces y fiscales- reconocían
completamente inapropiado. Aunque parezca increíble
esta moción de la defensa, que se fundaba en la misma
lógica e iguales razonamientos que empleara el
Gobierno, fue rechazada por los fiscales y denegada por
la jueza. Unos y otros, no lo olvidemos, eran de Miami.
Por eso la Corte de Apelaciones en su fallo del 9 de
agosto de 2005 basa su decisión en gran medida en esa
moción de la defensa y censura la manifiesta injusticia
de haberla denegado.
No fue hasta enero de 2003 que el expediente judicial
culminó su largo y accidentado viaje hasta Atlanta. La
Corte del Onceno Circuito fijó para el 7 de abril el
plazo para que los Cinco presentasen a ella sus
escritos de apelación.
Mientras los papeles quedaban estáticos en Miami los
Cinco fueron sacados de ahí y trasladados a las
prisiones de máxima seguridad que los albergan desde
comienzos de 2002 y donde hasta ahora permanecen
encerrados. Las autoridades que fueron tan morosas en
enviar unos documentos a la principal ciudad de un
estado vecino y que es uno de los principales centros
de comunicaciones de Estados Unidos, supieron ser
ágiles en dispersar a los Cinco por los más distantes
parajes de la geografía norteamericana. Cada uno en una
prisión diferente, en cinco estados, lo más alejados
posible, separados al máximo entre sí y de sus abogados
y sus familiares.
Las familias de los Cinco residen en Cuba y requieren
para visitarlos de un visado norteamericano concedido
sólo tras engorrosos y lentos trámites. A diferencia de
cualquier otro preso, ninguno de los Cinco ha contado
con ese derecho elemental: para tres de ellos las
visitas no han sido semanales, sino al ritmo de una por
año, a Adriana Pérez, esposa de Gerardo y a Olga
Salanueva, esposa de René, se les ha negado
sistemáticamente las visas. Como consecuencia, Ivette,
la hija de Olga y René, tampoco ha podido visitar a su
padre.
Fue así que tuvieron que preparar los escritos de
apelación. Todos, por supuesto, en un idioma
extranjero, sin las supuestas “pruebas”, sin la
posibilidad de consultarse entre ellos, reducida al
extremo la comunicación con sus abogados, y sometidos a
un régimen carcelario de máximo rigor en el que, entre
otras cosas, debían trabajar para pagar con su salario
los costos del amañado proceso judicial en su contra.
Pero, ya se sabe, “nunca se sacia el ojo de ver, ni
el oído de oír”.
Cuando los Cinco se enfrascaban en esa dura y compleja
tarea, en las circunstancias más hostiles, maliciosa y
deliberadamente impuestas por las autoridades
federales, éstas no agotaron su afán de venganza ni su
empeño por impedir la justicia.
Para ello existe el “hueco” y dentro de éste “la caja”.
Y allá fueron enviados desde el 28 de febrero hasta el
31 de marzo de 2003. Cada uno, en sus cinco prisiones,
en el mes decisivo para la apelación, otra vez en
confinamiento solitario sin contacto alguno con el
mundo exterior. Para colmo ahora se les impidió toda
comunicación con sus abogados, se les prohibió hasta
los contactos telefónicos y la correspondencia con
ellos, se les despojó de los medios para escribir, ni
una hoja de papel ni un pedazo de lápiz, y a alguno se
le dejó sin ropas, en medio del invierno y se le
sometió a tortura física (ruidos, luces y gritos
inundando la “caja” 24 horas cada día)
Esta vez no hubo siquiera el intento de encubrir lo que
buscaba el Gobierno. A los Cinco se les impidió acceder
a sus documentos legales y a sus abogados no se les
permitió comunicarse con sus clientes. Estas medidas
las controlaba directamente la Fiscalía del Sur de la
Florida. Sólo la denuncia internacional y la incansable
exigencia de los letrados defensores obligó a las
autoridades a “flexibilizar” esas medidas: Leonard
Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, pudo visitar a
su cliente pero en condiciones tan vejaminosas que
apenas le sirvió para comprobar las brutales
violaciones al derecho a la defensa. Weinglass denunció
la situación ante la Corte de Apelaciones y pidió una
prórroga al plazo para presentar los argumentos de
Antonio que por la situación descrita no había podido
completar. Al acceder a esta petición Atlanta reconoció
que estas medidas habían lesionado gravemente los
derechos de los acusados y de sus defensores (5).
Ese fue, en apretado resumen, el largo camino recorrido
por los Cinco para llegar hasta Atlanta. Avanzar en esa
ruta fue una verdadera proeza.
Lo que vino después fueron otros dos años de espera.
Los tres jueces se tomaron ese tiempo en analizar los
argumentos apelativos de ambas partes; estudiaron las
actas y todos los materiales relacionados con el caso;
revisaron la jurisprudencia, sostuvieron una audiencia
oral el 10 de marzo de 2004 en la que se probó la
endeblez de los alegatos del Gobierno; pidieron
informaciones adicionales a acusadores y defensores y
siguieron trabajando hasta alcanzar su definitiva
conclusión revocando los veredictos y las sentencias y
anulando el “juicio” de Miami.
La anunciaron el 9 de agosto de 2005 pero los Cinco
siguen encerrados en las mismas prisiones de máxima
seguridad. Allí están junto a personas que se suponen
convictas de diversos crímenes, ellos, cada uno
diferente a los demás en su cárcel, únicos presos
respecto a los cuales no existe hoy veredicto de
culpabilidad alguna.
No importa al gobierno de Estados Unidos que la Corte
de Atlanta los haya definido como hombres libres sobre
los que no pesa ya sanción legítima. No le importó
antes que en mayo de este año el Grupo de Trabajo sobre
Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU había declarado que la privación de
la libertad de los Cinco desde septiembre de 1998 era
arbitraria e ilegal.
Ya han pasado dos semanas de las tres que la ley
concede al Gobierno para solicitar a la Corte de
Atlanta que revoque su decisión. Aun Washington no ha
dicho lo que hará. Como si fuera poco acaba de pedir
a la Corte que le conceda un mes adicional para seguir
pensando si presenta su solicitud o no.
Mientras tanto los Cinco continúan aislados en cinco
cárceles para criminales convictos. Sufriendo todos sus
rigores, ellos, cuya falsa culpabilidad ya fue anulada
por tres jueces dignos.
Ahora son Cinco secuestrados por un Gobierno que
pisotea el derecho en todas partes. No sólo en Abu
Grahib y Guantánamo. También en el territorio de
Estados Unidos.
¿Qué hacer? Llegó la hora de gritar. La hora de exigir
sin descanso. La hora de demandar hasta lograrlo que
sean liberados inmediatamente, sin condiciones.
Libertad para los Cinco ya. Nada más. Nada menos.
28 de agosto de 2005
Publicado en CounterPunch
NOTAS
(1)
District Court No. 98-00721-CR-JAL.
El documento emitido por la Corte de Atlanta tiene 93
páginas. Su decisión de revocar los veredictos y
sentencias del Tribunal de Miami y anular el “juicio”
anterior se basó en la negativa de éste a aceptar las
varias solicitudes que se le hicieron para que el caso
fuera trasladado a otra sede. Para fundamentarla fue
necesario “revisar la totalidad de las circunstancias
que rodearon el juicio” incluyendo las “pruebas”
presentadas y otros aspectos del proceso realizado en
la ciudad floridana. La extensión del texto y la
amplitud de los ángulos que analiza le da un carácter
inusual, como también lo tuvo el tiempo que les tomó
producirlo y la categórica unanimidad de los tres
jueces que lo suscriben. Si en Miami se dio un
espectáculo que deshonra al derecho norteamericano, de
Atlanta surge un ejemplo de ética y rigor profesional
que va más allá de un proceso apelativo normal y
demuestra la inocencia de los Cinco y la colosal
injusticia de que fueron víctimas.
(2)
El empleo de este argumento, evidentemente falso,
dirigido a presionar al jurado exacerbando la
hostilidad y los prejuicios de la comunidad miamense
contra los acusados fue uno de los ejemplos que
utilizaron los jueces de Atlanta para mostrar la
conducta dolosa de la Fiscalía del Sur de la Florida.
Quien era entonces el Fiscal Jefe de ese distrito, el
señor Guy Lewis, ya retirado, acaba de publicar un
artículo el 18 de agosto en The Miami Herald donde
repite la misma estúpida calumnia: los Cinco, todavía
insiste él, “habían prometido destruir a Estados
Unidos”.
(3)
En su petición urgente a la Corte de Apelaciones (Emergency
petition for writ of prohibition), del 25 de mayo de
2001, la Fiscalía reconoció que “a la luz de las
pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un
obstáculo insuperable para Estados Unidos en este caso
y probablemente resultará en el fracaso de la acusación
en este cargo”(p.21) ya que “impone una barrera
insuperable a esta fiscalía” (p. 27). Temía el Gobierno
que, por lo menos, “es altamente probable que el jurado
solicitará mayores explicaciones sobre este asunto”
(pp. 20-21). Sin embargo, aunque la Corte rechazó la
petición del Gobierno, nada parecido ocurrió. Sin
preguntar nada, sin titubear, todos los jurados
declararon a Gerardo culpable en primer grado del
supuesto crimen.
(4)
Transcripción de las audiencias de sentencia ante su
señoría la jueza Joan A. Lenard, 14 de diciembre de
2001 (pp 45-46). En la misma sesión la señora Lenard
había reconocido: “pero los actos terroristas cometidos
por otros no pueden excusar la conducta errónea e
ilegal de éste y los demás acusados” (p. 43). En otras
palabras, en Miami los terroristas anticubanos son
protegidos por el Gobierno Federal y los jueces que
castigan, con cuatro cadenas perpetuas más 75 años de
prisión y la insólita prohibición Regresar referida, a
quienes lucharon contra el terrorismo. Para que no
puedan incurrir nuevamente en tal “conducta errónea e
ilegal” Miami inventó la “incapacitación” y la proclamó
tres meses después de la atroz acción del 11 de
septiembre de 2001 cuando ya Bush atacaba a Afganistán,
se preparaba a hacerlo contra Iraq y prometía llevar a
todas partes, con excepción obviamente de Miami, una
supuesta guerra total contra el terrorismo.
(5)
Weinglass pudo visitar a Gerardo el 16 de marzo y así
describió parte de lo que observó:
«…Gerardo se encuentra bajo la forma más severa de
castigo en la prisión, la cual se conoce como “la caja”
–un “hueco dentro del hueco”- …
Está
recluido en una celda extremadamente pequeña, en la
cual apenas puede dar tres pasos, sin ventanas, y con
tan solo un orificio a través del cual le pasan la
comida. Sus ropas le fueron retiradas y solo se le
permite usar calzoncillos y pullover, sin zapatos.
No
puede diferenciar el día de la noche. La única celda en
la que las luces permanecen encendidas las 24 horas es
la de él y los constantes gritos de los otros presos,
en su mayoría enfermos mentales, no lo dejan dormir.
No se
le permite ningún documento impreso. Nada para leer.
Frente a su celda hay señales advirtiendo que nadie
puede tener contacto con él. Es al único preso en ese
régimen de confinamiento al que no se le permite
utilizar teléfono… hasta el momento no ha recibido
correspondencia alguna, ni siquiera de sus abogados…»
Dos días después reseñó de este modo el encuentro con
Antonio:
«… Antonio llegó a la visita con grilletes en las
piernas y esposado. Las esposas y los grilletes les
fueron retirados durante la visita. Los pasillos fueron
despejados durante su traslado. La habitación de la
visita era pésima. Un cubículo muy pequeño con un
cristal grueso entre nosotros y un teléfono que tuvimos
que utilizar para comunicarnos. El espacio era tan
pequeño que mi asociado y yo no cabíamos juntos en el
mismo. Él tuvo que permanecer de pie detrás de mí y
compartir el único teléfono que había del lado nuestro.
Antonio estaba encerrado en su parte y nosotros, los
abogados ¡también estábamos encerrados! No había ni una
ranura para pasar los documentos y nos invitaron a
entregarles los mismos a los guardias que darían la
vuelta y se los entregarían a Antonio por detrás. Hice
eso con un documento y después decidí abandonarlo y
mostrarle los papeles a través del cristal. Fue muy
incómodo. Las condiciones de la visita fueron mucho
peores que las que experimenté con Mumia en el corredor
de la muerte. Protestamos por estás condiciones, pero
ellos se negaron a traer al Alcaide o a cualquier otro
alto funcionario para una reunión…»
(“Sólo en Miami”, Editora Política, La Habana
2004, páginas 113-114 y 115-116)
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