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Cuba condena la desvergonzada decisión de poner en
libertad al terrorista Luis Posada Carriles y señala
al gobierno de los Estados Unidos como el único
responsable de este acto cruel e infame que busca
comprar el silencio del terrorista sobre sus
crímenes al servicio de la CIA, especialmente en la
época en que Bush padre fue su Director General.
Con esta decisión, el gobierno norteamericano ha
ignorado el clamor levantado en todo el mundo,
incluso dentro del territorio de los Estados Unidos,
contra la impunidad y la manipulación política que
este acto entraña.
Esta decisión es un insulto al pueblo cubano y a los
pueblos que perdieron a 73 de sus hijos en el
abominable atentado de 1976 con el derribo, frente a
las costas de Barbados, de un avión civil de Cubana
de Aviación.
Esta decisión es un insulto al propio pueblo de los
Estados Unidos, y es un rotundo mentís a la supuesta
"guerra contra el terrorismo" declarada por el
gobierno del Presidente George W. Bush.
Al gobierno de los Estados Unidos le habría bastado
con certificar el carácter terrorista de Luis Posada
Carriles para impedir su liberación, y de
conformidad con la Sección 412 de la Ley Patriota de
los Estados Unidos, haber reconocido que "su
liberación amenaza la seguridad nacional de los
Estados Unidos o la seguridad de la comunidad o de
cualquier persona".
El gobierno de los Estados Unidos también habría
podido aplicar las regulaciones que le permiten al
Servicio de Inmigración y Aduanas retener a un
extranjero no admisible en el territorio
norteamericano y sujeto a la deportación. Para ello
habría bastado que las autoridades norteamericanas
hubiesen determinado que Posada Carriles es un
riesgo para la comunidad o que liberarlo entrañaría
el riesgo de que se fugara.
¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos permitió
que el terrorista ingresara impunemente en el
territorio norteamericano a pesar de los llamados de
alerta formulados por el Presidente Fidel Castro?
¿Por qué el gobierno norteamericano lo protegió
durante los meses que permaneció ilegalmente en su
territorio?
¿Por qué, teniendo todos los elementos para ello, se
limitó, el pasado 11 de enero, a acusarlo de delitos
de menor cuantía, de carácter eminentemente
migratorio y no de lo que realmente es: un asesino?
¿Por qué se le libera, cuando la propia Jueza
Kathleen Cardone, en su dictamen del día 6 de abril
que ordenó la excarcelación del terrorista reconoció
que se le acusa "¼
de haber estado involucrado en, o de estar asociado
con algunos de los hechos más infames del Siglo
Veinte (¼
)? Algunos de estos hechos incluyen la invasión de
la Bahía de Cochinos, el escándalo Irán-Contras, el
derribo del vuelo 455 de Cubana de Aviación, las
bombas de 1997 en centros turísticos de La Habana y,
según algunos teóricos de la conspiración, en el
asesinato del Presidente John F. Kennedy".
¿Por qué ahora el Servicio de Inmigración y Aduanas
del Departamento de Seguridad Interna de los Estados
Unidos no utiliza los mecanismos que tiene a su
disposición para mantener en prisión al terrorista,
con el indudable argumento, ya utilizado por la
Fiscalía General de los Estados Unidos en fecha tan
cercana como el pasado 19 de marzo de que, de ser
liberado, se corre el riesgo de que se fugue?
¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos ha hecho
caso omiso de la solicitud de extradición
presentada, con todos los requisitos de rigor, por
el gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela?
¿Cómo es posible que se libere hoy al más notorio
terrorista que jamás ha existido en este hemisferio
y permanezcan en cruel prisión cinco jóvenes cubanos
cuyo único delito ha sido el de luchar contra el
terrorismo?
Para Cuba, la respuesta es clara. La liberación del
terrorista ha sido gestada por la Casa Blanca como
compensación para que Posada Carriles no divulgue lo
que sabe, para que no hable de los innumerables
secretos que guarda sobre su prolongado periodo como
agente de los servicios especiales norteamericanos,
en que actuó en la Operación Cóndor, y en la guerra
sucia contra Cuba, contra Nicaragua y contra otros
pueblos del mundo.
La plena responsabilidad por la liberación del
terrorista y por las consecuencias que de ella
deriven, recae directamente sobre el gobierno de los
Estados Unidos y, muy particularmente, sobre el
Presidente de ese país.
Incluso ahora, después de su liberación, el gobierno
de los Estados Unidos tiene toda la información y
los mecanismos legales para volverlo a arrestar.
Falta solo tener la voluntad política para luchar en
serio contra el terrorismo y recordar que, según el
Presidente Bush, "¼
si usted da refugio a un terrorista, si apoya a un
terrorista, si alimenta a un terrorista, usted será
tan culpable como los terroristas".
La Habana, 19 de abril del 2007
(Granma) 20-04-2007
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