Es evidente que la guerra en Afganistán, como la de Iraq, está perdida, aunque el gobierno de Estados Unidos, su presidente, el Pentágono y la OTAN se empeñen en ocultarlo.

Casi seis años después de que—tras los atentados del 11 de septiembre— Bush desató la primera contienda bélica del tercer milenio para ocupar la pequeña nación centroasiática, esta se encuentra sumida en un caos de extrema violencia, terror, inestabilidad política, pobreza, corrupción y narcotráfico.

La Operación Libertad Verdadera, que dio nombre a la devastadora invasión militar norteamericana del 7 de octubre del 2001, resultó la gran estafa. Derrocado el régimen Taliban, la prometida pacificación, democratización y progreso afgano continúa siendo una farsa.

Afganistán permanece ocupado por 35 mil 500 soldados de 37 países comandados por la OTAN, que operan encubiertos bajo la bandera de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF), la cual no ha sido capaz de liquidar la creciente insurgencia ni de poner fin a la anarquía imperante.

Los bombardeos de la aviación estadounidense, los sangrientos combates entre las tropas invasoras y la resistencia se suceden a diario con un elevado número de muertes civiles, consignadas por el Pentágono como “daños colaterales”.

Y aunque fuentes del ejército de ocupación “reportan” a diario las bajas de sus efectivos y las desproporcionadas de los supuestos combatientes talibanes, se abstienen de informar las de la población, estimadas por la prensa alternativa en más de 3 mil en lo que va de año.

Esas mismas fuentes afirman que hasta el presente el total de muertos estadounidenses ascienden a 417,mientras que los de la coalición suman aproximadamente 215.

En realidad no existen datos que den a conocer el número real de la pérdida de vidas afganas desde el inicio de la guerra, calculadas en varios miles de personas, mientras que los refugiados superan los 90 mil.

Los mayores enemigos que enfrentan las fuerzas de la coalición son la secular tradición de lucha guerrillera del pueblo afgano contra sus invasores y la abrupta topografía del escarpado terreno, que lo convierte prácticamente en una fortaleza natural e inexpugnable.

Paralelamente, un vacío de poder se extiende por casi toda la geografía de Afganistán. El “gobierno” del presidente Hamid Karsai, impuesto por Washington, apenas rebasa los límites de Kabul, la capital, mientras que en el resto del país rigen los señores de la guerra, cuyos dominios se extienden por las provincias, donde controlan la multimillonaria producción del opio y el narcotráfico.

El cultivo de la amapola y la fabricación de heroína, prohibidos durante el gobierno taliban, se han disparado en una espiral vertiginosa. Las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Crimen y las Drogas (UNODC) indican que, el 92% de la producción mundial de opio y el 65% de su cultivo se ubican en Afganistán.

Se calcula que el 52% del producto interno bruto (PIB) del país, unos 27mil millones de dólares, procede del cultivo ilegal de amapolas.

Estimados de la UNODC indican que la fabricación de opio superará en el 2007 la del año anterior, que llegó a las 6 mil 100 toneladas.

Detrás del fabuloso e inescrupuloso negocio del narcotráfico se encuentran los señores de la guerra, los jefes tribales y grandes traficantes norteamericanos, que han invadido la provincia de Helmand, poseedora de 69 mil hectáreas de las 165 mil que producen opio bajo la mirada displicente de la OTAN.

Este desolador panorama, no exento de asesinatos, saqueos y violaciones, toma espacio en una nación donde la infraestructura económica e industrial ha sido destruida, y en la que imperan la miseria, el desempleo, la desnutrición, y la mortalidad infantil, mientras el analfabetismo flagela al 80% de la población femenina y al 60% de la masculina.

Es esta la “Justicia Divina” que, en su desaforada “lucha contra el terrorismo internacional”, Bush le prometió a Afganistán, donde hoy la única victoria verdadera es la obtenida por los traficantes de opio.