Los palestinos no solo sufren las consecuencias de la guerra de exterminio que el ejército israelí extiende por la Franja de Gaza, Cisjordania  y Jerusalén oriental, sino que están condenados también al hambre y a la extrema pobreza por una economía en bancarrota a causa de las sanciones financieras y las restricciones impuestas por Tel Aviv, Estados Unidos y la Unión Europea.

Desde que en enero del 2006 el movimiento de resistencia islámica Hamas ganó la jefatura del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, las represalias de esos centros de poder deterioraron aún más las condiciones económicas y sociales de la población árabe al suspender, como castigo, la ayuda material que le suministraban. 

Carentes de una economía autónoma, destruida su infraestructura, restringidas sus finanzas y dependientes de las donaciones de países árabes y musulmanes, o de la escasa ayuda que brindan las agencias especializadas de la ONU, los palestinos se ven privados de medios básicos de subsistencia.

Confinados en virtuales guetos, el derecho a la vida, al trabajo, al pan, a la salud, a la educación y a la vivienda, les están negados por sus verdugos.

Más de 500 puestos israelíes de control obstaculizan la libre circulación en los territorios ocupados y prohíben o limitan el acceso a centros de trabajo, áreas de cultivos, hospitales y escuelas.

Para ir a laborar a la zona israelí, muchos de los trabajadores de los territorios ocupados son obligados a pasar a través de  alambradas, y cada día son recogidos por camiones o autobuses del ejército y trasladados a los centros de producción o servicios, hasta la noche, en que son devueltos a sus lugares de origen.

Violando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, miles de niños palestinos menores de 15 años laboran largas jornadas  en el sector agrícola en Israel por muy bajos salarios y sin derechos laborales, puesto que los consideran “ilegales”.    

S/  Unas estadísticas desoladoras

Según informes de Naciones Unidas, los daños socioeconómicos tras seis décadas de ocupación y represión sionista se reflejan en la disminución anual del PIB, en el índice de desempleo que alcanza a más de 70% de la población activa y en el nivel de pobreza por debajo del cual vive el 80% de las familias palestinas.

Más de 165 mil funcionarios públicos cuyos salarios alimentaban a un millón de ciudadanos, hace más de un año que no perciben sus honorarios a causa del bloqueo de Tel Aviv.

Los asentamientos de colonos judíos y la construcción del muro de segregación hicieron retroceder la capacidad productiva de Cisjordania y la Franja de Gaza, en detrimento de las necesidades alimentarias de la población, al reducir en miles de hectáreas la superficie de tierras cultivables.

Millones de olivos y árboles frutales han sido destruidos por la geofagia del invasor que, a su vez, controla las fuentes de suministro de agua y electricidad.

La anemia infantil, agravada por la carencia de alimentos y de agua potable, se eleva al 70% de los niños menores de dos años, mientras que uno de cada tres nacidos vivos en Gaza muere por falta de medios para atenderlos.

En su superficie de 365 kilómetros cuadrados, una de las áreas de mayor densidad poblacional del mundo, se concentran millón y medio de palestinos, la tercera parte de ellos en campamentos de refugiados y sujetos a muy precarias condiciones de vida, en viviendas prefabricadas de hormigón o con materiales de desecho y tiendas de campañas a la intemperie, sin agua potable ni electricidad.

Se estima que para resolver las necesidades habitacionales en el total de los territorios ocupados se necesitan cerca de 400 mil nuevas viviendas.

Son evidencias de que la muerte por hambre y la represión económica son empleadas contra el pueblo palestino con igual o mayor crueldad que los proyectiles de las armas de fuego.