Tras los sucesos del 11 de septiembre del 2001 y las guerras de Afganistán e Iraq, la administración de Bush renovó los intereses estratégicos, económicos y geopolíticos de Estados Unidos en África Subsahariana.

Para la consecución de sus objetivos, Washington utiliza la subversión interna, el cambio de los gobiernos adversos a sus ambiciones y la hipocresía de pretendidos proyectos de desarrollo económico y humanitarios sustentados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Un ejemplo de la doble moral y la política del garrote y la zanahoria aplicada por la Casa Blanca en sus tratativas con diversos estados de África Subsahariana es Sudán.

A cambio de “contribuir”, mediante una invasión, a poner fin al cruento conflicto en la provincia de Darfur, el imperio, con vistas a favorecer a las empresas norteamericanas, presiona al Gobierno de Jartum para que reconozca al Estado de Israel y rechace las inversiones de China, Malasia, India e Irán en el sector petrolero.

En los planes de Estados Unidos, Sudán ha adquirido mayor importancia estratégica debido a su privilegiada situación al oeste del Mar Rojo y al sur del Canal de Suez, ruta por donde cruza gran parte del petróleo de Arabia Saudita, y en la cual se produce un intenso comercio entre África Central, el Oriente Medio y China.

La decisión de Estados Unidos de crear un comando militar unificado para África confirma la inclusión del continente entre las primeras prioridades de la agenda Bush.

Según cálculos del Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, el África Subsahariana podría abastecer el 25% de las necesidades norteamericanas de hidrocarburos en el 2015, en comparación con el nivel actual del 16%, con lo que suministraría más hidrocarburos a la economía norteamericana que todo el Oriente Medio junto.

Uno de los obstáculos a esas pretensiones son las tensas relaciones sudanesas-norteamericanas, agudizadas desde 1998, cuando Bill Clinton, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó bombardear la única fábrica de medicamentos de Sudán en Al Shifa, alegando una infundada producción de armas químicas.

Pretextando la lucha contra el terrorismo, la Casa Blanca se ha involucrado en la crisis de Darfur, iniciada en febrero del 2003, cuando el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento de Justicia e Igualdad se alzaron en armas para protestar contra la pobreza y la marginación de la zona.

Desde entonces, los enfrentamientos han causado más de 200 mil muertos y dos millones 100 mil refugiados en lo que constituye, según la Organización de Naciones Unidas, la peor tragedia humanitaria del siglo XX.

Al Zubeir Bachir Taha, ministro del Interior sudanés, ha acusado a los servicios secretos estadounidenses de expandir la crisis y la subversión mediante la infiltración de armas en Darfur, al dar ayuda económica a los grupos rebeldes en pugna, responsabilizados por Jartum con la muerte de miles de civiles.

La pasada semana el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1769, que autoriza el despliegue en la región de Darfur de una fuerza internacional de paz (ONU-UA), compuesta por 26 mil soldados, que incluye a los 7 mil efectivos de la Unión Africana, que desde el 2003, con muy escasos recursos, realizaban esa misión para la protección de la población civil.

Pero en la otra vertiente, Estados Unidos no renuncia a sus acciones intervencionistas y lanza sus zarpazos con las fauces abiertas al acecho de las ricas reservas de petróleo y gas de Sudán.