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RICARDO ALARCÓN DE QUESADA
EL 10 DE JULIO DEL 2006 Bush aprobó "medidas
adicionales" contra Cuba algunas de las cuales
apuntan directamente a quienes comercian con la Isla
o tienen inversiones aquí. Entre ellas reitera la
posibilidad de iniciar los juicios previstos en el
Título III de la Ley Helms-Burton para algunos
países selectivamente —por el lenguaje empleado
parece que amagan con empezar por Venezuela pero
nadie sabe lo que ocurrirá una vez que destapen la
Caja de Pandora— y anuncia que "aplicarán
vigorosamente" el Título IV "enfocando especialmente
su aplicación" precisamente en aquellos sectores
donde están más involucrados los europeos.
Cuando en 1996 Estados Unidos promulgó la Ley
Helms-Burton hubo protestas en Europa. Calificaron
el texto norteamericano como extraterritorial y
contrario a las normas relativas al comercio
internacional. Pero no condenaron su carácter
genocida e intervencionista, ni su propósito de
acabar con la independencia y soberanía de Cuba y de
someterla a un régimen de servidumbre y completa
dominación.
A la Unión Europea nada más le molestaban algunos
aspectos de aquella Ley que afectaban sus propios
intereses. Por eso protestó solamente por los
Títulos III y IV del adefesio legislativo.
El primero otorga una autoridad completamente ilegal
a los tribunales norteamericanos para emprender
juicios, a partir de reclamaciones presentadas por
supuestos ex dueños de propiedades nacionalizadas
por la Revolución, contra cualquier persona que las
utilice ahora de cualquier manera, y el otro niega
visas de entrada a Estados Unidos a quienes
inviertan en Cuba, prohibición que extienden también
a sus cónyuges e hijos y de la cual han sido objeto
ya personas de diversas nacionalidades.
Sobre el resto, la parte más grave y extensa del
documento, Europa no emitió sonido alguno. De esos
capítulos no habló sencillamente porque los
gobiernos europeos, de un modo u otro, eran
cómplices de la política anticubana de Washington.
Se vieron obligados a criticar parcialmente la Ley
por la presión de la opinión pública y sobre todo
por la de los empresarios del Viejo Continente cuyos
vínculos económicos y comerciales con Cuba,
enteramente legítimos, encaran sanciones ilegales y
burdas amenazas del gobierno de Estados Unidos.
La Unión Europea presentó entonces una demanda
oficial contra Washington ante la Organización
Mundial de Comercio. Quien revise la prensa de hace
diez años encontrará fácilmente centenares de
artículos, declaraciones e informaciones sobre esa
demanda. Algunos hablaban de una inminente guerra
comercial. Parecía que se iba a acabar el mundo.
Pero también la prensa reportaba diariamente las
frecuentes reuniones de los representantes de ambas
partes: Stuart Eizenstat y Leon Britan. Cuando el
primero no visitaba al otro en Bruselas, este se
desplazaba para encontrarlo en Washington. Sus
convites eran reflejados en los medios informativos
casi con el mismo interés con que tratan a las más
notorias parejas de la farándula.
Finalmente se pusieron de acuerdo y lo anunciaron a
bombo y platillo: la Unión Europea retiraba su
demanda ante la OMC y declaraba además que seguiría
apoyando los intentos norteamericanos para subvertir
a la sociedad cubana. Por su parte la Administración
en Washington no emplearía contra ella los mentados
títulos III y IV y se comprometía a gestionar ante
su Parlamento las enmiendas necesarias para
modificar a ese respecto la Ley Helms-Burton.
El ofrecimiento norteamericano era, por cierto,
ridículo. La sustancia del Título III es la amenaza
de entablar pleitos ante sus tribunales federales
cuyo número pudiera ser de tal magnitud que
caotizaría el sistema judicial como advirtió a
tiempo el propio gobierno norteamericano. Es por esa
razón, y no por ninguna otra, que la misma Ley
Helms-Burton dio la autoridad al presidente para
suspender por seis meses el derecho a promover tales
procesos, algo que Clinton hizo desde el instante
que promulgó la Ley —mucho antes del primer gemido
europeo— y que siguió haciéndolo, él y Bush, y ya lo
han hecho veinte veces. Estados Unidos le "daba" a
Europa lo que ya se había dado a sí mismo, y por su
propio interés, desde el primer día.
En otras palabras, después de tanto alboroto, Europa
se contentaba con una insulsa promesa y a cambio
ella era la única que actuaba y para hacer
exactamente lo que le ordenaban.
Han pasado diez años. Ni la administración Clinton
ni la de Bush en ningún momento, de cualquier forma,
directa o indirecta, han hecho gestión alguna para
cumplir lo que habían prometido solemnemente. Ni
siquiera han intentado simularlo. Sencillamente no
hicieron nada. Absolutamente nada.
Y no lo hicieron porque su interlocutor tampoco
recordaba el supuesto compromiso. Europa dejó
transcurrir diez años sin parpadear aunque
Washington no cumplía su promesa. Peor aún. Nunca
reaccionó, durante ese periodo, cuando los
norteamericanos castigaron arbitrariamente a
empresas europeas al amparo de una Ley que sigue
intacta. Europa, en profunda quietud, dormía.
¿Por qué debería respetar su compromiso Estados
Unidos si sabe que siempre puede contar con los
servicios de la obediente, disciplinada Unión
Europea?
Más aún, cada vez que lo considera oportuno, el
gobierno norteamericano agradece públicamente la
cooperación europea en la realización de sus planes
anticubanos. Cooperación tan generosa y
desinteresada que no ha sido afectada por las
repetidas violaciones a su soberanía y a los
derechos de sus empresas y sus ciudadanos. Nada
perturba su plácido sueño.
Llegó el mes de mayo del 2004. Con gran fanfarria
Bush puso en vigor su Plan en el que, en fiel
acatamiento de la Ley Helms-Burton, describe hasta
el detalle el genocidio que imagina podrá realizar
con Cuba y los cubanos. El Plan Bush contiene
también nuevas medidas para recrudecer la guerra
económica que nos impone.
Y entre esas medidas hay muchas específicamente
referidas a otros países que incluyen a los miembros
de la Unión Europea. Ni una palabra de modificar la
Ley Helms-Burton. Muchas —casi 500 páginas— para
repetir hasta el cansancio que la impondrán con todo
rigor. Entre otras numerosas acciones Bush amenazó
con permitir los juicios previstos en el Título III
y anunció el reforzamiento del aparato burocrático
encargado de ejecutar las sanciones que contempla el
IV.
Pasaron otros dos años completos. Llegamos a julio
del 2006. La Unión Europea guarda silencio. Ninguna
Cancillería ha susurrado siquiera una palabra.
Hasta ahora nadie en Europa se ha dado por enterado.
Pedirles que condenen el plan secreto para atacar a
la Revolución, las nuevas y aun más crueles
restricciones a las familias cubanas, las estúpidas
y criminales prohibiciones contra sus Iglesias, los
desvergonzados intentos por socavar la Operación
Milagro y los servicios de salud que salvan la vida
de millones, sería, seguramente, pedirles demasiado.
¿Pero lo es acaso sugerirles que defiendan los
intereses de sus propios ciudadanos? ¿Recordarles,
con el debido respeto, aquel papel que suscribió el
caballero Britan con su inseparable amigo?
Probablemente no valga la pena.
Quizás sea más práctico no perturbar el sueño de la
Bella Durmiente.
En eso de pactar con los fascistas, de dejarles las
manos libres, hay bastante experiencia allende el
Atlántico. Pero también la hay, dolorosamente, de
las consecuencias. No son pocos, por suerte, quienes
aún recuerdan a Munich y Chamberlain y su paraguas y
todo el horror que vino después.
(AIN) 13-07-2006
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